Denuncian que hay 20.405 madrileños esperando a que les hagan una plan individualizado de atención (PIA)
MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CC.OO. y UGT de Madrid, así como CECU Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de vecinos (FRAVM), han puesto en marcha un 'Observatorio Social por la Dependencia en la Comunidad' que, de manera independiente y no partidista, tiene por objetivo velar por el cumplimiento de la Ley de Dependencia en la región.
En rueda de prensa en la sede de UGT, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, explicó que el observatorio nace con la función de "velar" por la aplicación de la ley en la región, que está "a la cola de registros de peticiones" de Dependencia, y que, según datos oficiales del Ministerio del ramo, se sitúa en 71.629 solicitudes registradas a 1 de abril de 2010, lo que supone "el 1,12 por ciento de la población de la Comunidad de Madrid ocupando el último lugar de las comunidades autónomas".
Los datos que hoy aportaron los miembros constituyentes del Observatorio dicen que en Madrid, a 1 de abril de 2010, el número de dictámenes era de 70.291, representando el 1,10 por ciento sobre su población, y situando a la región en penúltimo lugar por delante de Canarias en número de dictámenes. La media nacional es de 2,44 por ciento.
En el caso de los beneficiarios, en ese momento eran 52.257 personas, suponiendo el 74,34 por ciento sobre los dictámenes, y que eran 31.852 personas las que habían recibido la prestación, lo que supone que sólo el 60,96 por ciento de las personas beneficiarias con derecho a prestación la habían recibido. La media nacional era de 68,59 por ciento.
Tal y como se recoge en la información del SAAD, había 20.405 personas beneficiarias con derecho a prestación pero sin recibirla, lo que supone el 39,05 por ciento, cuando la media nacional es de un 31.42 por ciento.
Los promotores de este observatorio quieren que se desvinculen las prestaciones por servicios sociales y las recibidas por el "derecho subjetivo" que supone la ley de Dependencia; que se primen los servicios frente a las prestaciones económicas, o que se implementen medidas como el desarrollo de plan director para la aplicación de la ley en la región en el marco del Consejo de Madrid, un plan de choque para la construcción de residencias y centros de día públicos y dotación presupuestaria.
Asimismo, quieren que se modifique la normativa regional reguladora del procedimiento para la atención de manera que se cumpla el plazo de seis meses para poder acceder a la prestación. Por ello, desde el Observatorio se instará a la reclamación y demanda jurídica en los casos de incumplimiento de la ley.
CC.OO. UGT, CECU Madrid y la FRAVM quieren que se cree un comité consultivo regional en el que estén presentes los agentes económicos y sociales y la creación de un observatorio permanente de la Dependencia que permita la elaboración de mapas de necesidades de cara a la previsión y adecuación de recursos y dispositivos de atención, así como la elaboración de un organismo público de control e inspección de los servicios y centros.
En este punto, fue Javier López el que dijo que en Madrid tan sólo hay nueve inspectores para todos los centros y residencias de la Comunidad de Madrid.
Otro de los reclamos pasa por que el de la Dependencia sea un sistema público, de gestión directa y suficiente, que cuente con recursos y mecanismos que garanticen la calidad de los servicios en términos de ratios de persona.
A este respecto, López indicó que en las residencias públicas de la región hay un trabajador por cada 8 personas atendidas, mientras que en las privadas hay uno por cada 14.
Consideran importante la participación de los ayuntamientos en el desarrollo y gestión de la ley en la Comunidad de Madrid articulando mecanismos de colaboración y cooperación y financiación, y la negociación y aprobación de una normativa en materia de acreditación de empresas y entidades prestadoras de servicios en la que se garantice la calidad del empleo.
BLOQUEO DEL GOBIERNO REGIONAL
Javier López afirmó que en un principio la ley era positiva porque establecía los mismos baremos para todo el Estado, primaba los servicios por encima del dinero y creaba empleo, pero en su puesta en marcha se han percibido "debilidades" como la "utilización partidista en cada comunidad autónoma", que "no se ha reforzado el marco de los servicios sociales" y se ha "olvidado el papel de los ayuntamientos".
López señaló que el Gobierno regional "bloquea" la aplicación de la ley por estar "en contra del Gobierno central" y defendió que en Madrid se tarda entre 18 y 24 meses en la resolución de las solicitudes.
Por su parte, el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, indicó que no contaban con la "falta de sensibilidad" de algunas administraciones a la hora de aplicar la norma, defendió que son necesarias", más plazas de residencias" y criticó algunos "inventos" como el cheque monedero.
Martínez criticó que se "mercadee" y dijo que eso es como que te den una bolsa de monedas para que te pagues "lo que puedas con ella", cuando ese importe no llega "ni a la tercera parte" de lo que cuesta una residencia en la Comunidad de Madrid.
La responsable de CC.OO. Ana González dijo que lo primero que harán será pedir una reunión con el Gobierno regional, después trasladar la iniciativa a los ayuntamientos y reunirse con el movimiento asociativo para poner solución al hecho de que casi el "40 por ciento de las personas con derecho, no la reciben (la ayuda) después de tres años".
Por su parte, la portavoz de CECU Madrid, Maria Rodríguez, indicó que ya han recibido 300 reclamaciones de las alrededor de 2.000 consultas que les han realizado sobre la aplicación de la ley, y situó la medida de edad de las personas que se ven afectadas por esto en 79 años.
Asimismo, defendió que ha detectado que hay más problemas en la zona sur de la región y criticó que a pesar de que se han presentado contenciosos administrativos, no se ha ganado ninguno.
Rodríguez afirmó que como consumidores buscan un compromiso activo en la defensa de los intereses de los ciudadanos, independencia para reclamar y defensa jurídica para velar por los derechos.
El presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, se refirió a los objetivos que quieren alcanzar con este observatorio y defendió que quieren informar a los ciudadanos de este derecho que se tienen, algo en los que estuvo de acuerdo Ana Sánchez desde UGT, que señaló que han detectado que falta información en la calle.
Murgui criticó el "reiterado incumplimiento de la Ley de Dependencia" y reclamó "transparencia" y "participación ciudadana" en la aplicación de la norma.
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