UPyD critica los recortes en Educación del Gobierno regional y aboga por que el Estado recupere competencias

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y portavoz regional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Javier García Núñez, criticó hoy los recortes llevados a cabo por el Gobierno regional en materia de Educación y abogó por devolver las competencias al Estado con el fin de recuperar la estabilidad para el sistema educativo.

Para el portavoz de UPyD, el último recorte de becas en Educación Infantil no es la única reducción de ayudas, "ya que para el resto de etapas educativas se reducen considerablemente las cuantías de los cheques-libro", y recordó que, entre otras cosas, se ha eliminado la prestación de cien euros por recién nacido y la gratuidad de la escuela infantil, que pasa a costar casi 50 euros al mes.

"Antes de recortar becas en el ámbito educativo, la Comunidad de Madrid debería eliminar gastos superfluos que no aportan nada a la ciudadanía madrileña", señaló García Núñez, quien indicó que no se puede pedir "sacrificios" a las familias de rentas más bajas, "que son las que más sufren la crisis, cuando al mismo tiempo se está derrochando mucho dinero y recursos en otras parcelas superfluas".

A su juicio, la inversión en educación es elemento capital para que los madrileños "salgan fortalecidos de la paupérrima situación económica actual y tengan un futuro más próspero". En este sentido, señaló que en UPyD están convencidos de que la mejora del sistema educativo y de investigación es una de las claves para superar los principales problemas que atraviesa España.

Entre sus propuestas, además de la recuperación de las competencias en Educación por el Estado "para garantizar un sistema educativo común integrado en un espacio educativo europeo", abogan por una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice a largo plazo los medios humanos y materiales necesarios.

Asimismo, proyectan un curriculum que inculque "las virtudes democráticas (e incluya una asignatura específica basada en el estudio de la Constitución y los derechos y libertades fundamentales) y sea laico desde el punto de vista ideológico, identitario y religioso".

También recogen la apuesta por una enseñanza pública de calidad, ampliando la red pública, (incluida la de educación infantil), estableciendo un control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos (que evite la segregación por sexo, extracción social, origen étnico o cualquier otra condición) y exigiendo la gratuidad real en todos ellos.

LIBERTAD DE ELECCIÓN LINGÜÍSTICA

Además, destaca su propuesta sobre la libertad de elección lingüística y la presencia de una enseñanza que valore el esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad, que parta del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y que supere los dogmas responsables del fracaso del sistema vigente.

Esta formación apuesta por el restablecimiento de la disciplina en los centros y el reconocimiento del profesorado como autoridad pública a fin de erradicar el acoso escolar, especialmente el padecido por el alumnado que por su orientación sexual, origen étnico, lengua materna o cualquier otra condición sea especialmente vulnerable.

La escolarización obligatoria hasta los 16 años, con una secundaria que incluya dos itinerarios: un bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y una formación profesional de calidad que permita acceder a estudios superiores es otra de sus opciones.

UPyD habla también de la reducción del número de asignaturas por curso y la implantación de un curriculum más realista que tome como base el trabajo global del alumno y no sólo las horas lectivas (a la manera del crédito europeo) y que rectifique la actual tendencia a relegar los objetivos de instrucción.

La diversificación como alternativa a la repetición de curso y el fracaso o abandono escolares, con programas de iniciación profesional, accesibles desde los 14 años, que permitan la obtención del título de Secundaria Obligatoria también supone una de sus ideas clave en esta materia.

En la misma dirección, apuestan por la dotación a los centros de los medios humanos y materiales que permitan la inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, "siguiendo un modelo flexible que se adecue a las necesidades de cada alumno, con la integración en los mismos centros y grupos que el resto como opción preferente".

El impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, fomentando la enseñanza bilingüe (o trilingüe en las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales) se trata de otro de sus ejes, así como la reducción de la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Para el profesorado, piden un nuevo sistema de formación basado en la realización de prácticas remuneradas en los centros (similar al MIR) como alternativa al actual Master-CAP y un método de selección que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad (suprimiendo los concursos restringidos o cuasirrestringidos y el recurso a la contratación interina como vía de acceso).

En esta dirección, reclaman una carrera docente que valore la excelencia académica y la capacidad pedagógica por encima de la recepción de cursillos y la revisión y refuerzo de la figura del inspector, con funciones de apoyo y evaluación, y no sólo de fiscalización.

También abogan por un programa de becas y unas tasas fijadas para los estudios de postgrado similares a las de grado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades; y por la movilidad de estudiantes y profesores, superando la endogamia por medio de una reforma del sistema de selección del profesorado y de la restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.

Por último, reclaman el fomento de la investigación, aumentando la inversión, desvinculando las plantillas universitarias de las necesidades docentes, potenciando programas como el Ramón y Cajal y estabilizando laboralmente al personal investigador contratado; y una evaluación continua del sistema educativo, en todos sus niveles, basada en la realización de pruebas externas por parte de alumnos y titulados, "como alternativa a los métodos actuales, ineficaces e insufriblemente burocráticos".