MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Vecinos del Sector IV de la Cañada Real acudirán al Defensor del Pueblo Europeo tras "la decepción" de su reunión con el segundo de Enrique Múgica, a quien reclamaron sin éxito que medie entre los ayuntamientos implicados -Madrid, Rivas y Coslada-- y los habitantes de la zona para que actúen conforme a la Ley y que no se les trate como "apestados".
La presidenta de la Asociación del Sector IV, Lidia Resani, señaló a Europa Press que la reunión estaba encaminada a que el Defensor del Pueblo les echara una mano para que mediara entre ellos y las administraciones para que "se les trate como unos ciudadanos más, y no como apestados".
Al encuentro se presentó el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar Belda, a pesar de la promesa de Enrique Múgica de asistir a la reunión, según indicó a Europa Press el abogado de la asociación, Roberto Alonso. El letrado denunció que Belda ignoró las peticiones del colectivo en un encuentro que duró "sólo veinte minutos".
"No nos ha dicho nada, sólo que haría alguna recomendación. Nos ha negado ver los escritos remitidos por el Ayuntamiento de Madrid e incluso me ha recriminado que estuviera presente en la reunión", denunció Alonso, quien adelantó que irán al Defensor del Pueblo Europeo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para exponer la complicada situación que viven los vecinos de la Cañada Real.
"El segundo del Defensor del Pueblo nos ha dejado claro que ellos no pueden exigir nada a los ayuntamientos, sino que su trabajo se limita a asesorarles", indicó Resani, quien aseguró que se sienten decepcionados con su visita porque no ha servido para nada.
Desde el Defensor del Pueblo indicaron a Europa Press que "siempre que alguien acude a esta institución se estudia sus propuestas", negando que no se haya escuchado a los vecinos de la Cañada.
"TODOS SE LAVAN LAS MANOS"
En sintonía con lo dicho por su letrado, Lidia adelantó que los vecinos podrían ir a la Unión Europea a buscar una solución, puesto que "se está actuando ilegalmente y todos se están lavando las manos". Recordó que la Comunidad de Madrid aprobó una Ley de Vías Pecuarias en las que se declaraba que la Cañada no era paso de trashumancia de ganados.
"Nuestra lucha es muy clara y queremos quedarnos donde estamos", recalcó esta vecina, quien criticó que los ayuntamientos no les permitan acceder a los expedientes administrativos. "Al Ayuntamiento de Madrid le da lo mismo tirar una casa que otra. Pretender derribarlo todo. En 2008, dejó por error a 30 ecuatorianos en la calle al derribar su vivienda por error", denunció.
Así, recordó que varios autos judiciales han dado la razón a los vecinos, declarando la falta de competencia del Ayuntamiento para intervenir en la zona. "Nos han tratado fatal y resulta que no son competentes. Es algo muy grave", reseñó.
El anteproyecto de la ley que regularizará el uso de la Cañada Real se encuentra en este momento en el Consejo Económico y Social (CES), que elaborará un informe que remitirá al Consejo de Gobierno y éste, posteriormente, lo enviará a la Asamblea de Madrid.
