La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha exigido "prioridad nacional" en acceso a la vivienda social en la Comunidad de Madrid, mientras que el PP ha asegurado que en región ya se garantiza el "arraigo y vinculación efectivo", además de defender que se debe garantizar que se cumple con la normativa de protección de datos y evitar "la identificación directa o indirecta de familias vulnerables".
Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox en la Asamblea de Madrid, en la que pedían realizar una auditoría de información de la Agencia de Vivienda Social, elaborar y publicar un informe anual sobre el perfil de los adjudicatarios, además de incluir el concepto de "prioridad nacional" en la normativa autonómica en esta materia y hacerlo visible en las convocatorias y resoluciones de adjudicación.
Para defenderlo, la diputada Beatriz Tejero ha señalado que la vivienda social de titularidad pública es "un recurso escaso y estratégico en la Comunidad de Madrid" y miles de personas "se encuentran en lista de espera" para acceder a una en la Agencia de Vivienda Social, mientras el mercado libre de compra y alquiler "mantiene precios inasubibles para buena parte de la población".
"Es imprescindible que el reparto de las viviendas sociales se realice no solo con criterios de necesidad y legalidad, sino también con plena transparencia y claridad sobre quiénes son los adjudicatarios", ha señalado, a la vez que considera necesario que haya una auditorio de información y transparencia en esta sentido insistiendo en la "prioridad nacional" en su acceso en este contexto. "Lo tenemos claro, primero los de casa", ha expresado.
Por su parte, el parlamentario 'popular' Antonio Coello ha señalado que las viviendas públicos son un recurso "limitado, de todos y su gestión tiene que estar sometida a criterios de transparencia y control", si bien ha destacado que ya existe información sobre la actividad pero hay que respetar "la normativa de protección de datos" evitando la identificación directa o indirecta de familias vulnerables.
Además, ha defendido que ya se garantiza el arraigo en el acceso a una vivienda de este tipo y existen "criterios objetivos de residencia. "Lo que está claro es que si cualquier, por poner alguna nacionalidad, colombiano, peruano, vive en nuestro territorio, trabaja en nuestro territorio, contribuye a nuestro sistema y cumple con los requisitos para obtener la vivienda, tendrá que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano por ser beneficiarios de ayuda", ha reivindicado.
LA IZQUIERDA HABLA DE "RACISMO PURO Y DURO"
Por parte de Más Madrid, la diputada Beatriz Borras ha catalogado la PNL de Vox como "racismo puro y duro", al tiempo que ha cargado contra esta formación y el PP por, a su juicio, posicionarse del lado de los grandes propietarios y los fondos de inversión.
Así, ha cuestionado que Vox se presente como defensor de las familias españolas mientras se niega a respaldar medidas para frenar los desahucios, facilitar la compra de primera vivienda o limitar la especulación inmobiliaria.
En este sentido, Borrás ha anunciado que el próximo Pleno su partido propondrá una ley de garantía habitacional y prevención de los desahucios en la Agencia de Vivienda Social. "Si ustedes de verdad quieren defender a las familias trabajadoras, a las familias españolas, voten a favor de esta iniciativa", ha remachado.
Mientras tanto, desde el PSOE, el diputado Rafael Martínez ha defendido que la adjudicación de vivienda pública debe regirse por criterios de necesidad y cumplimiento de los requisitos, y ha rechazado introducir la nacionalidad como factor de preferencia, al considerar que la iniciativa de Vox mezcla el arraigo con la denominada prioridad nacional.
De hecho, Martínez ha señalado que el arraigo ya se contempla en los criterios de acceso a la Agencia de Vivienda Social y ha advertido de que la transparencia debe en todo caso servir para fiscalizar a la Administración, y no para señalar a los adjudicatarios.
