MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos MCA-UGT Y CCOO han avisado de que los nuevos permisos para motoristas introducidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2009, siguiendo la filosofía del acceso progresivo a las motos más potentes, han supuesto la destrucción de uno de cada cuatro empleos en la industria de las motos en España, según ha informado la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).
Concretamente, MCA-UGT ha alertado de que el mercado de las motocicletas se ha reducido en España un 50 por ciento, mientras que el de ciclomotores ha caído un 73 por ciento. Estas cifras extrapoladas al mercado laboral han supuesto la destrucción de uno de cada cuatro empleos, así como el cierre de plantas como Yamaha y la más que previsible de Derbi.
El Gobierno decidió en 2009 adelantarse al plazo fijado en 2013 por una directiva comunitaria para regular los nuevos permisos de conducción para motoristas, que establecen un acceso progresivo a las motos más potentes, como una medida encaminada a reducir el número de accidentes en ese tipo de vehículos, que habían sido especialmente significativos en los años anteriores.
Así, en 2009 se modificó el Reglamento General de Conductores para introducir el permiso A2, que permite conducir motos de una potencia media (hasta 35kw), y se estableció que para pasar de esa carné al A, que da acceso a los motos más potentes, sería necesario dos años de experiencia y una formación, aunque en ese momento no se reguló en qué consistiría concretamente esa formación.
Un borrador inicial de la orden en que trabaja actualmente la DGT para regular esa formación establecía que para conseguir el carné A, además de los dos años de experiencia, sería necesario un curso de 17 horas y 500 kilómetros en autoescuela. Sin embargo, el viernes pasado Tráfico acordó con las asociaciones de motoristas quitar la obligación de realizar 500 kilómetros, no regulando distancia mínima a recorrer, así como reducir el horario mínimo de formación, lo que reduciría el precio del curso hasta los 100 o 300 euros, según las estimaciones de los motoristas.
Los sindicatos consideran que el Gobierno, al adelantar la aplicación de la directiva a 2009, generó "una incompatibilidad con los permisos de los motoristas que viajan al resto de países europeos donde la norma no está en vigor, poniendo en peligro la supervivencia del sector" y rechazan la entrada en vigor de la nueva formación prevista inicialmente, que a su juicio, "criminalizaría al sector y reduciría drásticamente las ventas de vehículos de dos ruedas".
En este sentido, el secretario federal de MCA-UGT, Rogelio Luis Mena Segura, reclama "que se posponga la aplicación en nuestro país de la Directiva 2006/126/CE, acomodando su entrada en vigor a la del resto de países europeos, así como que se tenga en cuenta la opinión de empresas y sindicatos a la hora de aplicar una legislación que va a influir decisivamente en el futuro del sector".
Respecto al esquema de formación previsto inicialmente para regular el salto del carné A2 al A, tanto MCA-UGT como CCCO entienden que a la hora de legislar se debe "compatibilizar la seguridad vial con la supervivencia de la industria y del empleo". En este sentido, consideran que "sería un error impedir el acceso a las motocicletas para acabar con la siniestralidad, del mismo modo que no se puede prohibir circular a las bicicletas o a los peatones para acabar con este tipo de accidentes".
PIDEN PRUDENCIA CON LAS ESTADÍSTICAS
Por otro lado, los sindicatos solicitan "prudencia a la hora de tratar las estadísticas de accidentes de tráfico, ya que generan alarmismo injustificado", y consideran que para mejorar la seguridad vial "son tanto o más necesarias otro tipo de medidas, como inversiones en infraestructuras para mejorar el estado de nuestras carreteras (que ayudaría además a sectores en crisis como el de la construcción), o fomentar la formación de los nuevos conductores en valores de respeto a las normas y a las limitaciones establecidas".
El secretario general de Anesdor, José María Riaño, añadió "que las estadísticas de la DGT reflejan una clara tendencia positiva en términos absolutos, que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en los últimos años el parque de vehículos de dos ruedas se ha incrementado exponencialmente". "Tenemos más motos y un descenso de siniestralidad, lo que significa que ninguna legislación restrictiva se puede justificar por problemas relacionados con la Seguridad Vial", ha concluido.