La Comunidad denuncia que el Plan Estatal de Vivienda "impuesto" por el Ministerio interviene las competencias de CCAA

El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, durante la reunión telemática con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, durante la reunión telemática con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 25 septiembre 2025 18:38

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha denunciado que el Plan Estatal de Vivienda (PEV) "impuesto" por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "es una herramienta para intervenir las competencias en materia de vivienda de las comunidades autónomas e imponer sus fracasadas políticas, que solo responden a intereses partidistas", según informaron fuentes de la comunidad en una nota de prensa.

El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, ha instado al Gobierno central, tras participar en una reunión técnica por videoconferencia convocada por el Ministerio, a "practicar un diálogo real respeto a nuestras competencias y un plan que responda a las necesidades de las familias, y no a los intereses políticos de Pedro Sánchez".

Lajara ha anunciado que "no vamos a aceptar ser simples espectadores de decisiones que afectan a nuestros ciudadanos".

"La reunión de este jueves con las comunidades es una farsa, el Ministerio la convoca porque está obligado, pero lo hace sin voluntad de consenso, porque el plan ya lo tienen decidido y no van a incluir nuestras propuestas porque ya han anunciado que mañana lo presentarán públicamente", ha afirmado el secretario general, quien ha criticado que "no hemos podido participar activamente en su elaboración".

Asimismo, ha señalado que "el Gobierno central vuelve a recurrir a la propaganda, maquillando como nuevo un plan que en realidad recicla medidas de hace años y cargando la factura a las comunidades autónomas". En contraposición, ha afirmado, la Región de Murcia promueve la participación en el diseño de un modelo pionero de vivienda asequible.

"A COSTA DEL BOLSILLO DE LAS AUTONOMÍAS"

El secretario general también ha criticado el nuevo diseño financiero del plan, que "a costa del bolsillo de las autonomías, fuerza a las comunidades a realizar un titánico esfuerzo económico, prácticamente la mitad recae en las arcas autonómicas, mientras ellos financian el plan con remanentes de otros planes y ayudas europeas".

A este respecto, ha calificado el plan como "sectario y profundamente ideológico, al imponer un reparto rígido de fondos que deja a las comunidades sin capacidad de adaptación a las necesidades reales de sus territorios".

"Nos obligan a destinar el 40 por ciento a vivienda social, el 30 por ciento a rehabilitación y a ayudas al alquiler, cuando debería ser cada comunidad la que decidiera cómo invertir los recursos en función de la demanda de sus ciudadanos", ha remarcado.

Asimismo, ha denunciado que el Plan Estatal pretende forzar la aplicación de la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas, condicionando las ayudas a que las comunidades asuman esta figura. "No es diálogo ni cooperación, es chantaje", ha aseverado.

El secretario general ha alertado, además, de que "el plan incluye medidas intervencionistas que harán que suban los precios del alquiler, porque hasta ahora un contrato de más de 600 euros no tenía ayudas y los propietarios se ajustaban a esos precios, ahora pretenden elevar de 600 a 1.000 euros la ayuda al alquiler de una vivienda, lo que provocará que los precios se disparen nuevamente".

"Otra de las medidas impuestas es la recuperación del depósito de fianzas como requisito para conceder ayudas al alquiler. En la Región de Murcia lo eliminamos porque no protege a los inquilinos, y ahora nos obligan a reinstaurarlo, dificultando los procedimientos y castigando a quienes ponen un hogar disponible en el mercado", ha agregado.

Por último, Lajara ha insistido en que "esta medida es un desincentivo para los propietarios, con ella el Gobierno central trata a los propietarios como delincuentes reteniendo sus fianzas".

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