31 de marzo de 2020
 
Publicado 26/03/2020 12:41:59CET

Plena inclusión alerta de "desprotección" de 150 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

MURCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión Región de Murcia reclama a la Comunidad medidas para que sus profesionales puedan atender con garantías de seguridad a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en sus dispositivos residenciales (residencias y pisos tutelados) en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La federación de ONGS solicita que "se dote, de manera urgente, de material de protección necesario, equipos de protección individual, mascarillas, guantes a los 250 profesionales cualificados que prestan apoyos a más 150 personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral en los centros de sus asociaciones de familias".

También solicita "poder realizar el test del COVID-19 a sus usuarios con síntomas compatibles con la infección para poder determinar la necesidad de su aislamiento y contener el avance de la pandemia".

El presidente de Plena inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá, destaca y agradece, en nombre de todas las familias de Plena inclusión Región de Murcia, el trabajo "esencial" que hacen los profesionales del sector.

Por ello, reclama que "se les dote de los equipos de protección necesarios para que puedan continuar prestando atención sin poner en riesgo su propia seguridad y la de aquellos a los que atienden".

Barberá recuerda que "estas residencias y viviendas, que funcionan como centros concertados con el IMAS, son servicios de carácter social y no sanitario y, por lo tanto, no están preparados para atender las exigencias que la crisis sanitaria de esta entidad requiere".

Por ejemplo, en muchos casos "no se dispone del espacio suficiente para garantizar las distancias de seguridad ni el aislamiento en caso de detectarse residentes sintomáticos o casos positivos".

Por último, el presidente de Plena inclusión Región de Murcia subraya que "además de tener discapacidad, las personas residentes son en su mayor parte mayores o en proceso de envejecimiento prematuro y presentan otras patologías, por lo que deben considerarse como población de riesgo". En este sentido, ha añadido que "la discapacidad no puede ser en ningún caso motivo de discriminación".

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