SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular en el juicio contra él y otros tres exediles por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación al considerar que el proceso es una "pantomima con fines exclusivamente políticos".
Así lo ha asegurado Vélez este lunes al comienzo de su interrogatorio, en el que únicamente ha respondido a las preguntas de la defensa y ha insistido en que, en la concesión de la licencia de construcción de 18 viviendas en La Argolla, por la que está procesado, se limitó a seguir los informes técnicos y el expediente se desarrolló "con la misma normalidad" que en otras ocasiones.
Según ha señalado, durante la tramitación de este expediente, ni la secretaria municipal, que era la que --ha explicado-- se encargaba de este procedimiento, ni los técnicos, ni ningún miembro de la Corporación expresaron la necesidad de contar con un informe de la Dirección General de Biodiversidad, por cuya carencia se inició el expediente sancionador que ha motivado la causa tras las posteriores denuncias del Gobierno de Cantabria y del PSOE.
"No existía la sensación de que el informe fuera necesario", ha afirmado el regidor de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria.
Además, ha señalado que el Ayuntamiento no recibió ninguna comunicación por parte del Gobierno de Cantabria, del que entonces estaban al frente el PRC-PSOE, en la que se notificara ningún cambio en la legislación que afectara al proceso de concesión de licencias por parte del Consistorio en suelo urbanizable como --ha defendido-- era el caso de la finca en la que se iban a construir las viviendas.
"Los técnicos mostraron la misma sorpresa que nosotros al recibir el expediente sancionador", ha afirmado el regidor en el juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Lo mismo han mantenido en el juicio, que continuará hasta el jueves, los tres exediles implicados, Serafín Bada, Saturnino Ángel Chaves y Luis Martín Dávila, quienes tampoco han respondido a las preguntas del fiscal y la acusación.
Tanto Vélez como el resto de procesados han justificado su voto favorable en la Junta de Gobierno para la concesión de la licencia al visto bueno de los informes técnicos y han negado, a preguntas de la defensa, tener algún interés económico o de otra índole en que ésta se aprobase.
El regidor ha lamentado que la causa se haya usado como "campaña política" sin tener en cuenta las consecuencias y el "descrédito" que supone para el Ayuntamiento ni "arruinar" a unos constructores "que pasaban por allí".
Vélez ha asegurado desconocer en profundidad el contenido de la Ley de la Conservación de la Naturaleza de Cantabria (4/2006) en lo que pudiera afectar a la concesión de estas licencias y a la necesidad de contar con un informe de este tipo pese a haber sido diputado cuando se aprobó.
Los procesados han asegurado, al contrario de lo que mantiene la Fiscalía, que si hubieran conocido la necesidad de contar con este informe no habrían dado el visto bueno a la licencia hasta contar con ese documento, el cual no habrían tenido "ninguna pega" en solicitar.
EL JUICIO
El juicio, que continuará este martes, a partir de las 10.00 horas en los juzgados de Las Salesas con la declaración de los testigos, estuvo fijado inicialmente desde los pasados días 7 a 10 de noviembre, pero se suspendió debido a que se abrió la posibilidad de que la entidad bancaria que financió la construcción de las viviendas objeto del litigio, en la zona de La Argolla, se personara como perjudicada.
Instantes antes de comenzar el juicio, Vélez, a preguntas de los periodistas, ha achacado los hechos que se le imputan a un "error administrativo" y ha negado que encierre "ningún delito", por lo que --ha dicho-- no tiene "ningún miedo" a la resolución judicial.
De hecho, ha mantenido, al igual que, posteriormente, en la celebración de la vista que la acusación contra él y los otros tres ediles se debe a una "cuestión política que se ha llevado a las últimas consecuencias".
El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local --sólo Vélez forma parte actualmente de ella--.
A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre.
La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.
Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, los acusados permitieron ese trámite sin recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.
El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, "con mayor fragilidad paisajística" a la que de hecho causó un "significativo impacto".
La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria --en caso de que estos no respondan-- del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
La Fiscalía hace hincapié, además, en que Vélez fue diputado autonómico por el Partido Popular justo en el período en el que se modificaron, por ley, los límites del Parque de la Naturaleza de Oyambre.
Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como Urbano.
El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).
Pero además, alega que el trámite ante el Gobierno no era necesario, pues se enmarcaba dentro de la Ley del Parque Natural, lo que excluía el citado documento.
Y además se remite a la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), instrumento urbanístico posterior, necesario para la gestión del Parque Natural, aprobado el pasado diciembre, lo que lleva al Ayuntamiento a concluir la "ineficacia" de la declaración como Parque Natural.
También argumentaba que lo que se produjo fue movimiento de tierras y rehabilitación de edificios, en lugar de construcción nueva.
Y las defensas de los acusados descartan que los cuatro no se encargaron de la tramitación del expediente, por no ser de su competencia, de modo que se limitaron al voto a favor de una licencia con informe previo favorable, algo que han subrayado en repetidas ocasiones durante el juicio.
