AMPL.- Ex director general balear admite encargos a la empresa Nimbus pero niega fraccionamiento de contratos

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Comunicación del Govern en la pasada legislatura, Joan Martorell, afirmó hoy ante el juez que mientras ostentaba este cargo realizó varios encargos a la empresa de comunicación Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por la presunta financiación irregular del PP a través de esta agencia, aunque matizó que sólo contrató con esta empresa "sólo cuando precisaba los servicios de medios de comunicación", ya que Nimbus representaba a varios, entre ellos el Grupo Recoletos.

Así lo puso de manifiesto en la declaración que efectuó esta mañana en calidad de imputado ante el magistrado José Castro, que instruye las presuntas irregularidades que provocaron el sobrecoste de la construcción del Palma Arena, donde negó, sin embargo, haber participado en ningún fraccionamiento de contratos valorados en más de 12.000 euros en varios de inferior cuantía para posibilitar la adjudicación directa a la empresa de comunicación, cuyo director, Miquel Romero, también se encuentra imputado dentro del mismo procedimiento.

Precisamente, parte de las investigaciones del caso van dirigidas a averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP para los comicios autonómicos y municipales de 2007.

Tal y como explicó Martorell durante una hora y cuarto ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y los abogados personados en la causa, cuando los encargos superaban los 12.000 euros se convocaba un concurso público para su adjudicación pese a que no se descartaba un convenio, y ello aunque se barajara cualquiera de los medios del Grupo Recoletos.

Según especificó el imputado, asistido por el letrado Santiago Fiol, los medios que integraban esta empresa eran Marca, Expansión y Actualidad Económica, mientras que cuando precisaba los servicios de otros medios contrataba con otras empresas de comunicación como Gerencia Balear de Medios, Grupo Maya, Clave y Sentiment.

En esta misma línea, Martorell fue preguntado sobre si Romero le agradecía de alguna forma las contrataciones que recibía, a lo que el imputado respondió que no sino que alguno de los medios del Grupo Recoletos le invitó en una ocasión a Lisboa "para ver un partido de fútbol", alguno más a Madrid y otro a Barcelona para ver las instalaciones de La Vanguardia, mientras que el 20 de enero de 2006 fue también invitado "como regalo de Recoletos" a un viaje a París en compañía de su esposa aunque "retornando al día siguiente".

Preguntado además por un regalo de empresa "con el OK" de Antonio Amat, socio de Romero en Nimbus, Martorell manifestó que "siempre lo tomé como un regalo de Recoletos" que le llegó, dijo, en un sobre durante Navidad con las tarjetas de los directores de los distintos medios del grupo de comunicación, toda vez que en referencia a los viajes manifestó siempre le informaba de ellos al presidente del Govern, Jaume Matas, de quien era el encargado de realizar la cobertura informativa de su actividad, por lo que "dependía directamente" del ex jefe del Ejecutivo y "despachaba con él muy frecuentemente".

Asimismo, preguntado por la actuación de la ex secretaria general técnica de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales, Jane King, manifestó que "nunca" recibió ninguna orden de la ex alto cargo "ni una insinuación sobre contratación", así como tampoco del ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, "ni sobre contratos mayores ni menores". En este sentido, la Fiscalía postula que King, también imputada, habría permitido que Romero se beneficiaria en numerosas ocasiones de las contrataciones y habría recibido presiones para dividir los trabajos en pequeños contratos a cambio de percibir comisiones del publicista.

El encausado también apuntó en su declaración que a principios de 2004 recibió una llamada de Ballester pidiéndole que asumiera el cargo de vocal de la Fundació Illesport -que junto a Consell de Mallorca y Ayuntamiento integraba el consorcio para la construcción del Palma Arena- "por si en algún momento precisaba de algún apoyo técnico para la difusión de sus actividades en los medios de comunicación", a lo que accedió Martorell pese a que nunca llegó a recibir ningún nombramiento "y sin que hasta el momento haya tenido relación alguna con Illesport".

Martorell abandonó en torno a las 12.15 horas los Juzgados de Vía Alemania, donde antes de él había declarado como testigo la jefa del departamento de Coordinación María José Marco, quien durante su comparecencia reconoció saber de la exigencia por parte de FCC, encargada de las obras del velódromo junto a Melchor Mascaró, de incrementar el contrato para asumir los trabajos con un 20 por ciento del precio que le fue ofertado más un 10 por ciento de liquidación final, ya que lo vio reflejado "en algún informe de la dirección de la obra".

"NINGUNA POSIBILIDAD LEGAL PARA CONTRATAR A LOS GARCÍA RUIZ"

La testigo advirtió al respecto de en que según la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, "todo modificado que supere el 20 por ciento debe ser objeto de nueva licitación y no vi que ésta se hiciera". También aseguró conocer que la UTE exigió 4,5 millones de euros para actualizar los precios a los valores del mercado.

En referencia a la cantidad que percibieron los arquitectos Luis y Jaime García Ruíz, por 8,5 millones de euros para encargarse de la dirección de las obras, Marco consideró "excesivo" el importe -por consultoría y honorarios- y subrayó que "no hay ninguna posibilidad legal por la que se pueda contratar a los dos arquitectos tal como se hizo".

"La sola urgencia no justifica legalmente un contrato como el de los García Ruíz", espetó al respecto, agregando asimismo que tampoco era posible contratar al arquitecto inicial del proyecto, Ralph Schürmann -que fue sustituido por los anteriores- "por diez millones de euros mediante contratación directa, salvo que reuniera los requisitos que la legislación exige para ello". Asimismo, recalcó que vio un acta en la que leyó que había que contratar a los García Ruiz y pese a que luego fue así, no vio ningún expediente intermedio.

Finalmente, ignoró a qué fase de la obra se refería la petición de FCC de un 20 por ciento más otro diez por ciento, y manifestó que la Dirección Facultativa siempre anunció que el coste final de la obra sería "muy superior" al presupuestado, pese a no recordar si especificaba que se tratase o no de más de 90 millones de euros, como finalmente acabó costando el proyecto.