El CGPJ no decidirá si suspende a Garzón hasta que resuelva las otras dos recusaciones planteadas por el juez contra De Rosa y Gallego
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles decidió hoy apartarse de la resolución del expediente de suspensión cautelar que se tramita contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras ser admitidas contra él tres querellas en el Tribunal Supremo. Niega la enemistad manifiesta que Garzón le atribuye y dice abstenerse por el hecho de que ambos ejercieran cargos públicos durante el Gobierno de Felipe González, además de recordar que el juez debió abstenerse de instruir el "caso Marey" según un reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así se explica Robles en un escrito remitido a la Comisión Permanente del Consejo que hoy acordó dejar en suspenso su decisión sobre la eventual suspensión cautelar de Garzón hasta que el Pleno del próximo día 24 resuelva las recusaciones planteadas por el magistrado contra varios vocales de este órgano.
Robles decide abstenerse por "el hecho objetivo de la coincidencia en funciones públicas", dado que Garzón desempeñó el cargo de delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, mientras rla vocal desempeñaba el de subsecretaria del Ministerio de Justicia (1993-1994) antes de haber sido nombrada secretaria de Estado de Interior, "cargo al que según varios medios de comunicación de la época aspiraba el señor Garzón Real".
La vocal añade en su escrito que el hecho de no haber podido conseguir este puesto, siempre según tales medios, determinó que Garzón "abandonara la política y volviera al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde continuó la instrucción de causas que había dejado pendientes".
A algunas de estas causas se refiere una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de enero de 2010 ("Caso Marey") que, según recuerda Robles en su escrito, "puso de manifiesto que hubiera debido abstenerse -lo que no hizo- en la instrucción de la causa 17/1989, seguida contra personas con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno". Añade que debe aplicarse la doctrina de esta sentencia a su caso, y por ello se aparta.
ESCRITO DE ROBLES.
En el escrito que remitió a la Comisión Permanente, Robles expresa su más "categórico rechazo" a la supuesta enemistad manifiesta que Garzón le atribuye, y que parece sustentarse en la intervención que la vocal tuvo en la reunión de este órgano celebrada el pasado 9 de febrero, donde se decidió iniciar los trámites para la suspensión del juez pidiendo un informe sobre esta posibilidad a la Fiscalía.
Robles alude a la "respetuosa relación personal y profesional desde hace muchos años" con Garzón, al ser ambos compañeros de promoción, y señala que lo dicho sobre esta reunión son meras especulaciones expuestas en algunos medios de comunicación "que no se corresponden en absoluto con lo allí ocurrido", y que obvian que la decisión de pedir informe al fiscal se adoptó por unanimidad.
"No acierta a comprenderse que el magistrado señor Garzón que siempre ha proclamado el rigor fáctico y jurídico de sus actuaciones, funde ahora sus alegaciones en informaciones carentes de veracidad que ni se corresponden con la realidad ni se basan, ni pueden hacerlo, en certificaciones o acuerdos motivados en forma por el Consejo", añade el escrito.
Finalmente, Robles explica que su objetivo es que no pueda ponerse en cuestión su apariencia de objetividad ni que su participación pueda servir de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales (en el Tribunal Supremo) "que se están tramitando con total independencia e imparcialidad", añade.
Dice también que no quiere que su participación en el proceso de suspensión de Garzón pueda ser utilizada para desviar la atención de las cuestiones jurídicas de fondo y concluye reiterando la inexistencia de causa de enemistad manifiesta que Garzón "hubiera podido sospechar de la lectura de las noticias de prensa".
DE ROSA SE LO PENSARÁ.
Por su parte, el vicepresidente del CGPJ Fernando de Rosa dijo a Europa Press que antes de tomar una decisión al respecto debe estudiar las razones dadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en su escrito, que aún no le ha sido entregado de forma oficial. Tras analizarlas, emitirá un informe que remitirá probablemente al Pleno del día 24 señalando si se abstiene o no de este asunto.
Garzón señalaba en su escrito que el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, fue miembro del Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delito" en la instrucción que desarrolló en 2009 sobre la 'trama Gürtel'.
Tras poner de manifiesto la "amistad íntima" y la "relación de servicio" entre Camps y De Rosa y el "interés personal" del vocal en este asunto, el juez recordaba que, "lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba", el aludido realizó "una desaforada defensa de su antiguo jefe", a quien calificó de "absolutamente honorable".
El magistrado también destacaba en su escrito la "enemistad profunda" que, a su juicio, le profesa Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior, desde que ambos coincidieron en los años noventa en cargos del Gobierno de Felipe González.
"Basta consultar las hemerotecas para recordar que para aquel entonces el Ministerio de Justicia e Interior mantuvo posturas encontradas con el Juzgado Central de Instrucción número 5", afirmaba, tras recordar que en esa época instruyó casos como los de Roldán, los 'papeles de Laos', los fondos reservados o el GAL.
El juez atribuye a esta "enemistad manifiesta" el hecho de que en la reunión del pasado 8 de febrero Robles propusiera la inclusión en el orden del día de la Comisión Permanente del CGPJ de los autos dictados por el Supremo en las causas que siguen contra él.
Con respecto a Gallego, Garzón exponía que fue la juez que instruyó la supuesta falsificación del informe pericial que, "con una notabilísima falta de consistencia" trató de vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 con anteriores aprehensiones de esta sustancia a miembros de ETA.
El juez añadía que, al sentirse "desautorizada por la Audiencia", esta vocal ha desarrollado "una constante persecución" de su persona "hasta un punto poco razonable y que muestra", a su entender, "una nula disposición para enfrentar de forma objetiva y serena" el estudio de su situación personal. "Sólo puedo entender esta manifiesta falta de objetividad en la enemistad que me profesaría esta vocal", señalaba.
