La presidenta del TSJC lamenta que se mantenga el número de mujeres víctimas de violencia de género y que sigan retirando las denuncias
BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los 452 juzgados de violencia sobre la mujer (jvm) de toda España, entre los que se encuentran los 21 con competencias exclusivas, tramitaron un total de 37.504 denuncias durante el primer trimestre de 2006, por las que fueron juzgadas 4.752 personas, según informó hoy la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas.
La presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos estos datos durante la inauguración del III Seminario de Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, que se celebrará hoy y mañana en Barcelona.
Las jornadas coinciden con el primer aniversario de la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer como consecuencia directa de la aprobación en el Parlamento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.
Al acto asistieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, y el conseller de Justicia, Josep Maria Vallès.
Durante su discurso, Comas lamentó la muerte de las 23 mujeres que han sido asesinadas entre enero y marzo de este año por sus parejas o ex parejas como consecuencia de esa "lacra social" que es la violencia de género, "primera causa de muerte dolosa en España". De ellas, 21 no habían solicitado ninguna orden de protección y el 75% no llegó a denunciar a su agresor.
No obstante, la presidenta del Observatorio valoró positivamente el primer año de funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer. "Considero que fue un acierto del legislador porque, a través de ellos, se está obteniendo una respuesta judicial más eficaz, de más calidad y más especializada hacia las víctimas de la violencia de género", señaló.
Comas afirmó que este año se ha conseguido terminar con la "dispersión judicial", ya que se han facilitado los trámites a las víctimas al ser un único juzgado, en cada partido judicial, el responsable de las denuncias.
También se ha logrado terminar con la "descoordinación entre la jurisdicción penal y la civil", ya que ahora el mismo juzgado tramita las separaciones o divorcios, y se ha conseguido "una mayor coordinación entre los juzgados de violencia sobre la mujer y los fiscales, la policía judicial y el resto de administraciones públicas que aportan las soluciones adecuadas para que la respuesta sea integral".
En cuanto a los juzgados con competencias compatibles --que comparten los casos de malos tratos con las funciones ordinarias--, Comas señaló que "existen disfunciones importantes que debemos superar", ya que algunos partidos judiciales están sobrecargados de trabajo.
"Seguiremos trabajando pensando que no es una utopía que los juzgados de violencia sobre la mujer pueden desaparecer algún día porque no son necesarios", lo que significaría que se ha conseguido "la plena igualdad real entre hombres y mujeres sin discriminación y violencia", concluyó Comas.
4.752 PERSONAS JUZGADAS.
En total, en estos tres meses, han sido enjuiciadas 4.752 personas, de las que 4.641 eran hombres, que resultaron condenados en un 78 por ciento de los casos. De las 81 mujeres enjuiciadas, fueron condenadas un 75 por ciento. En Catalunya se juzgó a 558 personas, todo hombres, que resultaron condenados en un 68,6 por ciento.
De todos los asuntos tratados en estos tres primeros meses, tanto en juzgados exclusivos como compatibles, un 29 por ciento fueron tramitados en instrucción por la vía del juicio rápido, mientras que un 53 por ciento siguió trámite de juicio ordinario.
Además, se han registrado 731 incumplimientos de medidas cautelares de naturaleza penal y 86 de naturaleza civil y se han producido 844 quebrantamientos de condena.
Respecto a las órdenes de protección, se solicitaron 8.857, un 1,3 por ciento más que en el anterior trimestre. Los juzgados de violencia sobre la mujer, tanto exclusivos como compatibles, acordaron un total de 6.668 --1.163 en Catalunya-- y denegaron 1.858 --389 en Catalunya--.
RECLAMAN GUARDIAS PARA LOS JVM.
Durante la inauguración, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, se mostró preocupada por que a lo largo de este año no se ha conseguido reducir el número de mujeres víctimas de violencia de género y muchas de ellas siguen retirando las denuncias contra sus agresores.
"El sistema procesal nunca podrá garantizar una total protección", apuntó Alegret y, por ello, apostó por hacer un mayor esfuerzo a la hora de informar a las víctimas y por dotar de más recursos a los juzgados.
Alegret señaló también las disfunciones de los juzgados con competencias compatibles, sobre todo los de fuera de Barcelona, que están sobrecargados de trabajo. Según la presidenta del TSJC, en algunos casos se han producido retrasos y aplazamientos de juicios ordinarios por dar prioridad a los asuntos de violencia de género y "este perjuicio a los ciudadanos no debería producirse".
Por ello, Alegret reclamó que los juzgados exclusivos también actúen en funciones de guardia. A su entender, los asuntos de violencia de género deben ser resueltos por órganos especializados en estas cuestiones, ya que, con la ley vigente, es difícil mejorar el servicio de los juzgados compatibles.
A este respecto, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, señaló que el "problema" es que los juzgados de violencia sobre la mujer "no pueden ejercer funciones de guardia durante 24 horas, ya que en algunos partidos judiciales hay uno o dos juzgados de este tipo y sería pedirles un esfuerzo imposible".
López Guerra recordó que se crearán 22 nuevos juzgados especializados en violencia de género antes de que termine el año, ya que los 452 existentes en toda España "se han revelado insuficientes".
Por su parte, el conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, apuntó que, para mejorar el servicio a las víctimas de violencia doméstica, los legisladores estatales y autonómicos deberían poner en práctica la "legislación a prueba".
Según Vallès, es necesario poner en marcha las instituciones de forma "gradual" y "sucesiva" antes de hacerlo de forma "universal" y "simultánea", ya que sólo de esta manera se podrán calcular los recursos que necesita la administración y evitar las consecuencias imprevistas de carácter negativo que pueden derivarse de cualquier reforma social.
