MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP materializó hoy su anuncio de hace unos meses de presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para regular la interceptación de las comunicaciones y garantizar su secreto, una iniciativa que los 'populares' quieren desligar de su acusación de mal uso del sistema Sitel al Ministerio del Interior y de sus quejas por las filtraciones sobre el 'caso Gürtel'.
"Ha pasado bastante tiempo como para que las aguas se hayan calmado", aseguró hoy el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons. El portavoz quiso subrayar que la ley no es una reacción a la polémica sobre Sitel sino que se busca acabar con una "laguna en el ordenamiento jurídico" y regular el uso de cualquier tecnología futura que se emplee para intervenir comunicaciones.
En este contexto, reivindicó el "tono constructivo" con el que su partido presenta la iniciativa, porque quiere lograr un acuerdo con todos los grupos parlamentarios (CiU y PNV tienen ya el proyecto) y con el Gobierno, a quien se le enviará la proposición. Hay derechos básicos de la ciudadanía "que están siendo puestos en cuestión", dijo el portavoz, y por ello es necesario "no politizar" el proyecto. Se trata de proteger el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, el derecho de defensa y la libertad de información.
La proposición parte de que la interceptación de las comunicaciones no está legislada expresamente y cuenta "sólo" con una mención en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta es la norma que se propone reformar.
Además de completar esta legislación "insuficiente", la iniciativa nace con otros objetivos, como terminar con la "inseguridad jurídica" y la de los agentes que realizan las escuchas y 'pinchazos'. "Tienen tecnología para intervenir más conversaciones que las que la ley les permite", aseguró el portavoz, quien aseguró que ahora esta labor estará amparada legalmente.
SUPERVISADO SIEMPRE POR UN JUEZ
Uno de los pilares de la propuesta es dejar sentado que todo el proceso esté supervisado por un juez, que deberá intervenir cuando se ordenen los 'pinchazos', cuando se produzcan y cuando cesen. Se persigue prohibir expresamente las "intervenciones telefónicas prejudiciales", las grabaciones policiales "a ver qué se encuentra", expuso González Pons.
El juez deberá fijar en el auto en el que ordene esas escuchas su duración, que no podrá exceder de tres meses, "prorrogables motivadamente por otro periodo de igual duración y por sucesivos periodos cuya duración no excederá de un mes". También tendrá que precisar qué datos busca y qué agentes "podrán conocer la información obtenida".
También se permitirá tomar datos relativos a la comunicación que se intercepte, como nombres, los números de las cuentas en las que se pagan las facturas telefónicas o de internet, etc, "pero siempre que el juez lo haya pedido expresamente".
De toda la información obtenida se podrá realizar copias, pero quedará constancia de ello y de las personas a las que se entreguen las copias, así como del uso que deba darse a las mismas.
Y para evitar las filtraciones, el PP propone que antes de levantar el secreto sumarial se destruya todo aquello que se obtenga y no pase a formar parte del procedimiento, así como los soportes en los que consten las conversaciones que sí interesen a la investigación una vez que estén transcritas en el sumario.
PERIODISTAS Y FUENTES, ABOGADOS Y ACUSADOS
González Pons expuso también que en la iniciativa se incluye una protección especial de la relación entre los periodistas y sus fuentes, que quedarían equiparadas a las que la ley ampara entre el abogado y su defendido. "No podrá decretarse la interceptación de las comunicaciones de un abogado con su cliente, ni de un periodista con su fuente de información, salvo cuando existan datos objetivos de participación directa del abogado o periodista en los hechos delictivos investigados", se dice en la proposición.
Otra cautela para garantizar la seguridad de la información intervenida es que la que faciliten las operadoras debe estar encriptada "y autenticada mediante firma electrónica".
Además, se propone la creación de órganos de control que supervisen el cumplimiento de la legalidad en esta materia. González Pons no ofreció detalles sobre los mismos porque es un "tema abierto" que esperan concretar en el Parlamento.
