Cree que las presuntas infracciones "merecen ser esclarecidas", aunque no toda irregularidad de un juez es prevaricación
MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo confirmó hoy la admisión a trámite de la tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del 'caso Gürtel' Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión.
En un auto notificado hoy, el alto tribunal rechaza el recurso presentado por la Fiscalía, al que después se adhirió Garzón, contra la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero de admitir esta acción penal contra el magistrado, que se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en Estados Unidos durante un permiso de estudios.
La querella fue presentada por Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, aunque después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de Pablo Crespo. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló después todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.
En el auto del pasado febrero, en el que se nombraba instructor de la causa al magistrado de lo Penal Alberto Jorge Barriero, la Sala Segunda del Supremo ya afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.
NO SE PUEDE DESCARTAR "TOTALMENTE" EL DELITO
Ahora, el alto tribunal insiste en que la posibilidad de comisión delictiva "no es totalmente descartable en este momento inicial del proceso", lo que impide la inadmisión que pretenden el Ministerio Público y la parte querellada. Responde a sus recursos de súplica explicando que, en este momento, la Sala sólo debe determinar si los hechos denunciados "resulta verosímiles" y "pudieran plausiblemente integrar un ilícito penal", ya que el análisis del fondo de la cuestión, es decir, la decisión final acerca de su calificación jurídico penal, "ha de ser materia propia de la instrucción".
"Difícil e incorrecto sería que antes de la investigación de los hechos y de la práctica de la pruebas que resulten precisas para su completo esclarecimiento, así como el oportuno debate contradictorio, adelantásemos nosotros en este momento juicio o valoración alguna, en uno u otro sentido, que vayan más allá de esos requisitos para la admisión de una querella", insiste el auto, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza.
Alega que en el recurso de la Fiscalía "no se combatía sustancialmente el relato en el que pretendía apoyarse el querellante", algo que, a juicio del Supremo, "tampoco podía ser de distinta forma", ya que las afirmaciones de los denunciantes estás apoyadas en los autos de 19 de febrero y 20 de marzo de 2009 dictados por Garzón, en los que se acordaba la intervención y posterior prórroga de las comunicaciones orales que pudieran mantener los encausados, por la supuesta comisión de diferentes delitos , con sus letrados defensores, presentes y futuros.
Por tanto, la Sala estima que "no debe sorprender" que sean "precisamente estas personas, los presos y sus defensores" quienes "actúen como querellantes, atribuyéndose a sí mismos la condición de víctimas de las supuestas infracciones delictivas". Otra cosa será, indica el auto, la posible presencia de los elementos subjetivos de los tipos penales denunciados, asunto sobre el que versará "al menos parte de la actividad propia de la fase de investigación".
"Lo cierto e indiscutible en este momento procesal --explican los magistrados-- es la realidad del dictado por el querellado de las dos resoluciones referidas, en la que se centra la posible comisión de unas infracciones que merecen ser esclarecidas, si se concluye en la posibilidad de hallarnos ante infracciones tales como la posible prevaricación judicial o el presunto delito de vulneración de las garantías de la intimidad".
NO TODA IRREGULARIDAD ES PREVARICACIÓN
Con todo, el auto apuntilla que esto no significa que "pueda ya afirmarse la existencia de infracción alguna de verdadera relevancia penal", ya que "como resulta obvio y sobradamente conocido, no toda irregularidad o decisión incorrecta de una autoridad judicial, suponiendo que éste fuera el caso, constituye un ilícito de esa naturaleza".
Para ello es necesario, indica, la concurrencia de "otros elementos" referidos a esa incorrección jurídica, "que habrá de debatirse en relación con el caso concreto que nos ocupa", y a "la eventual gravedad de la misma, su abierta y rotunda contradicción con el ordenamiento jurídico (...) y la pressencia de los elementos subjetivos de ambos tipos penales".
El auto arremete también contra las alegaciones del Ministerio Público y de los querellante sobre el valor probatorio de las escuchas para el caso 'Gürtel', explicando que sus manifestaciones a este respecto son "ociosas", ya que es un asunto "intrascendente" en este momento del proceso, e incluso en el caso de que Garzón fuera juzgado por este asunto.
Además, también critica a la Fiscalía porque en su recurso de súplica haya incluido partes de "otros escritos procesales presentados " en otros procedimientos, ya que "en su texto se hace repetida alusión a las tesis de unos ignorados 'recurrentes' aquí inexistentes".
PUNTOS DE LA QUERELLA
Peláez destacaba en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del 'caso Gürtel', del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.
El abogado comienza denunciando que se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el 'caso Gürtel' fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado 'caso BBVA') a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.
Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado. Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.
