Archivan la querella contra Rubalcaba por nombramientos ilegales

Alfredo Pérez Rubalcaba
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Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 31 marzo 2011 15:34

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la querella que fue presentada en junio pasado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y contra el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por presuntos delitos de nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.

En un auto, el alto tribunal rechaza el recurso de súplica presentado por la Unión de Oficiales contra su decisión inicial de archivar este asunto, adoptada el pasado mes de noviembre.

Reitera el Supremo que los hechos denunciados "no contienen datos indiciarios de ilícito penal, pues no corresponde a los tribunales penales decidir acerca de la corrección administrativa de la resolución adoptada por el querellado, sino únicamente valorar los hechos en orden a la posible existencia de un delito de prevaricación", que no existe en este caso.

La querella responde a una oferta de puestos de trabajo para inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía. Para ellos, se indicaba además que se valorarían las titulaciones en prevención de riesgos laborales.

Pese a todo, los puestos se otorgaron a miembros de las Fuerzas Armadas, no a miembros de la Guardia Civil ni de la Policía, y que además no reunían los requisitos de formación solicitados, según la asociación denunciante.

El auto dado a conocer hoy por el Tribunal Supremo, cuyo ponente es el magistrado Alberto Jorge Barreiro, insiste en que en este caso no aparecen elementos indicativos de una actuación dolosa por parte de Rubalcaba en la resolución del concurso.

Añade que de seguirse la tesis de la recurrente sobre la existencia de un delito de prevaricación cuando un tribunal anula una resolución dictada por una autoridad administrativa, "habría que admitir a trámite todas las querellas fundamentadas en tales nulidades y abrir la vía penal para clarificar cualquier error de cierta entidad apreciable en una resolución administrativa".

NO A LA "PANCRIMINALIZACIÓN"

La anterior conclusión no puede admitirse, según el Supremo, "por la hipertrofia que implica en la concepción del derecho penal y la 'pancriminalización' a que conduce en el ámbito de la actuación de la Administración Pública".

En el auto inicial de archivo, el Supremo declaraba la competencia de la Sala de lo Penal de este órgano para conocer de los hechos con respecto a Rubalcaba, por su condición de aforado, mientras que indicaba que carece de competencia para investigar a Camacho.

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