Audiencia de Baleares afirma que el exconsejero de Matas condenado controlaba todo en el CDEIB

PALMA DE MALLORCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, que ha condenado a 16 años de cárcel al consejero de Comercio durante el último mandato de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por un desvío de más de cinco millones de euros públicos, desmonta los argumentos esgrimidos durante el juicio por el acusado al recalcar que "no sólo no desconocía lo que acontecía en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), sino que ordenaba y ejercía activamente un control sobre todo lo que se hacía".

Así lo pone de manifiesto en su sentencia, de 639 páginas, en la que la Sala asevera no poder dar "credibilidad alguna" al exalto cargo del PP cuando alega un "absoluto desconocimiento" sobre lo que sucedía en el CDEIB, que él presidía. Un desconocimiento que, según el tribunal, "sería bastante difícil de creer en atención al volumen de contratación, de fondos que se manejaban y a la repetición de contratos con las mismas empresas", expone la resolución entre otros motivos.

Y es que, según el tribunal, tanto Cardona como el exdirector general de Promoción Industrial del Gobierno balear, Kurt Viaene, y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -ambos han confesado los hechos y han pactado sus penas-, "de común acuerdo, valiéndose de sus respectivos cargos" y guiados por el "ánimo de obtener beneficio económico", idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron una serie de actuaciones dirigidas a apoderarse de "ingentes" cantidades de dinero público del que tenían poder de disposición.

Una trama que se desarrolló a lo largo de cuatro años, de 2003 a 2007, durante los cuales se aprovecharon de la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros efectivos sobre su gestión, y que "ellos mismos contribuyeron a mantener".

Así, la Sala relata que para lograr tal finalidad de lucro personal, el primer paso fue la elección del CDEIB como organismo a través del cual podía desarrollarse la actividad que les permitiría desviar los fondos, por ser un organismo en el que concurrían "las condiciones ideales para desarrollar la actividad delictiva": la ausencia de controles, la actividad del Consorcio de asistencia a ferias y eventos y encargo de estudios e informes, y la posición de los acusados en esta empresa pública.

A partir de ahí, los exaltos cargos establecieron una estructura de control en la que Cardona "ostentaría la posición de líder o jefe-director de la misma" al fijar las "líneas maestras" del funcionamiento del entramado, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados (Viaene y Ordinas), y dada su posición como consejero, "cuidando de nutrir económicamente al CDEIB" mediante el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Consejería de Comercio o bien desde el Instituto de Innovación Empresarial (IDI).

En el escalón inmediatamente inferior, como mano derecha de Cardona, según la sentencia, se hallaba Viaene, encargado de transmitir y ejecutar las órdenes del anterior con funciones asignadas como la de dar cobertura legal a los traspasos de fondos públicos al CDEIB desde la Consejería de Comercio y desde el IDI; establecer los estudios que el CDEIB debía contratar; exigir a los proveedores el pago de la comisión por la adjudicación de contratos, o recibir los fondos sustraídos y las comisiones y repartirlos.

Por su parte, Ordinas se encargaba de la organización de ferias y eventos, así como de la elección de los proveedores; la manipulación y alteración de los procedimientos administrativos del CDEIB; el control de los proveedores; de exigir a los mismos el pago de una comisión por su contratación, y controlar la creación de participaciones de las empresas utilizadas para recibir los fondos públicos del CDEIB.

CREACIÓN DE EMPRESAS, ASISTENCIA A FERIAS Y COBRO DE COMISIONES

Entre las fórmulas ejecutadas para delinquir, el tribunal aludea la organización de en los que participaba el CDEIB, para lo cual conformaron un equipo de personas formado por los también acusados Felipe Ferré, Arnoldus Mateo Van Den Hurk, Isabel Rosselló, Daniella Francisca Beaumont y Joan Rosselló, con quienes se diseñaba la organización y colaboraban con Ordinas en preparar el procedimiento administrativo con el que se vestía jurídicamente la adjudicación y se enmascaraba el sobreprecio pagado.

Asimismo, se procedió a crear entidades mercantiles al frente de las cuales usaban hombres de paja o testaferros, como Comarca Global Consulting, Gourmet and Boutique Island, IAS Hong Kong, Sayju 2005 y Gabinete Alays, a las que otorgaban numerosos contratos de prestaciones de servicios; se utilizaban empresas ya existentes que pasaron a controlar, y exigieron y cobraron comisiones a los particulares y empresas proveedoras de servicios al CDEIB.