Dice que los 2,3 millones de euros destinados a estas gestiones frustradas buscaron ayudar al Gobierno a estrechar lazos con EE.UU.
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la frustrada concesión de la Medalla de Oro por el Congreso estadounidense, al entender que el gasto de 2,3 millones millones de euros destinado a gestionar su obtención "no fue ajeno a la función pública", pues se buscaba "ayudar al Gobierno de España a estrechar lazos con EE.UU.".
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, estima sólo uno de los motivos alegados por querellante, el abogado murciano José Luis Mazón, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid de inadmitir la querella el pasado mes de marzo.
La Audiencia de Madrid explica no se puede inadmitir una querella cuando ya están incoadas diligencias previas, como ocurrió en este caso, sino en todo caso sobreseer la causa, que es lo que hace ahora este tribunal, que componen los magistrados Pilar Oliván, Rosa María Quintana y Carlos Martín Meizoso, que ha actuado como ponente del auto.
ASPIRACIÓN RAZONABLE.
El tribunal califica de "ciertamente sorprendente" destinar una cuantiosa partida de los presupuestos del Estado a lograr que el Congreso de los EE.UU. conceda una medalla a quien fuera presidente del Gobierno español. "Puede parecer un uso ajeno a la función pública, pero no necesariamente es así. En la sociedad mediática en que nos movemos, actos como el que se discuten pueden derivar en importantes beneficios para la colectividad", añade el auto.
Para los magistrados, conseguir que España esté presente en Estados Unidos podrá cuestionarse políticamente, "pero es una aspiración razonable, en términos comerciales, económicos, turísticos, políticos, militares, etc".
Por ello, puede interpretarse que el contrato o suscrito con la firma de abogados Piper Rudnick para gestionar la concesión de la Medalla buscaba ayudar al Gobierno de España a estrechar lazos con los Estados Unidos, y no es "descabellado" suponer que el ensalzamiento de algún dirigente político puede ayudar a ese fin. "Las leyes del marketing a veces parecen extrañas, pero una buena campaña, en ocasiones, lo es todo", continúa el auto, que ha sido recurrido en súplica por Mazón.
VANAGLORIA PERSONAL.
Admite la Sala que el otorgamiento de la Medalla "supone también bastante de vanagloria personal para el condecorado y hasta para el partido político al que representa" aunque, al no poder separar ambas facetas, "no puede predicarse que los caudales públicos se hayan destinado a usos ajenos a la función pública".
La Audiencia de Madrid también justifica que el gasto no apareciera en la reseña informativa del Consejo de Ministros que lo aprobó, "no en vano, reseña quiere decir resumen", y añade que tampoco constituye ocultación penalmente relevante que esa partida presupuestaria se denominara "Plan de Presencia en Estados Unidos".
En este punto, el tribunal descarta la comisión de un delito de falsedad en la remisión a los distintos departamentos de los documentos de justificación del gasto, puesto que en ellos aparecían los datos relevantes, como la fecha, el importe o la firma. "Las modificaciones se han introducido en el resumen de los conceptos facturados, pero no son verdaderas falsedades, sino versiones ligeramente retocadas de los mismos conceptos", dice el auto.
Finalmente, y en cuanto al trámite seguido para la aprobación el contrato, los querellantes denunciaron que se evitó el procedimiento correspondiente acudiendo a la vía de urgencia, sin recabar tres ofertas diferentes, como pide la Ley. "Pero, en todo caso, es una cuestión ajena a los delitos imputados, que debe ser estudiada por la jurisdicción contenciosa o el Tribunal de Cuentas".
RECURSO.
El abogado Mazón ha interpuesto un recurso de súplica contra este auto en el que califica de "insólito, inaudito e impropio de un Estado Democrático y de Derecho moderno" que pueda sostenerse que el hecho de que un gobernante pueda destinar 2.3 millones de euros a financiarse una medalla "ad personam" de un país extranjero no es un uso ajeno a la función pública.
"Ni a los responsables del PP que salieron a la arena pública en defensa de Aznar cuando este caso (...) se convirtió en un escándalo se les ocurrió decir a las claras que el dinero estaba gastado en la medalla y que era un bien público, pues negaron en redondo el empleo del dinero en la medalla y adujeron las naranjas clementinas como pretexto del contrato".
El letrado insiste en sus acusaciones y mantiene que el auto de la Audiencia Nacional "lo que hace es legalizar la degradación en el uso de los fondos públicos".
