La Audiencia Nacional vuelve a juzgar el miércoles a Txapote por el asesinato de Alfonso Morcillo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles al ex dirigente etarra Javier García Gaztelu, "Txapote", por el asesinato del sargento de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo en Lasarte (Guipúzcoa). "Txapote", para quien el fiscal Jesús Alonso solicita 29 años de prisión por estos hechos, volverá a comparecer ante el tribunal presidido por Alfonso Guevara, con quien protagonizó algunos polémicos enfrentamientos en los juicios celebrados en los meses de junio y julio.

Asimismo, mañana se reanudará el 'macrojuicio' que celebra la Audiencia Nacional contra el supuesto entorno de ETA en una sesión en la que está previsto que testifique por videoconferencia el ex dirigente etarra Mikel Albizu, "Mikel Antza", quien cumple condena en Francia. También la Sección Tercera de lo Penal juzgará el próximo jueves al etarra Ignacio Javier Bilbao Goikoetxea, para quien el teniente fiscal Jesús Santos pide doce años y siete meses de prisión por amenazar, en su propio despacho, al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en mayo de 2003.

En la vista oral que se celebrará contra "Txapote", el fiscal Jesús Alonso solicitará una pena de 29 años de prisión por un delito de atentado terrorista, la misma pena que impuso la Audiencia Nacional en abril de 1998 al etarra Valentín Lasarte por estos mismos hechos.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Lasarte estudió los horarios y movimientos del sargento, tal y como le ordenaron sus compañeros del "comando Donosti" Juan Ramón Carasatorre y el propio "Txapote", quienes a su vez obedecían las ordenes del dirigente etarra Francisco Javier Arizcuren, "Kantauri".

Fue también Lasarte quien transportó desde San Sebastián a Lasarte a sus dos compañeros de "comando" en el coche del padre de Lasarte. Una vez allí, éste se quedó dentro del coche, mientras que "Txapote" y Carasatorre se dirigieron al domicilio de Morcillo hacia las 08:15 horas.

Cuando su víctima salió de su casa, los terroristas dispararon "a bocajarro" contra él desde una distancia "no superior a 20 centímetros". A las 09:15 horas de ese mismo día, el sargento de Policía fallecía en el hospital donostiarra del Hospital de nuestra Señora de Aránzazu. La pistola utilizada para cometer el asesinato fue encontrada por la Guardia Civil en agosto de 2005 tras ser abandonada por los tres integrantes del "comando Donosti" en su huída tras atentar contra un cuartel de Arnedo (La Rioja).

Además, el fiscal también solicita que el tribunal obligue a "Txapote" a pagar, solidariamente con los demás condenados por estos hechos, un total de 300.506 euros (50 millones de pesetas) a la viuda de Morcillo, Catalina Romero Lucas. Esta cantidad fue a la que la Audiencia Nacional condenó a Lasarte en concepto de responsabilidad civil.

TAMBIÉN VUELVE EL 'MACROJUICIO'

Asimismo, mañana se reanudará el 'macrojuicio' que celebra la Audiencia Nacional contra el supuesto entorno de ETA, en el que comparecerá como testigo, por videoconferencia, el dirigente etarra encarcelado en Francia Mikel Albizu, alias "Mikel Antza". Sin embargo, fuentes jurídicas precisaron que es posible que este testimonio sea pospuesto para el día siguiente.

En la actualidad, son 53 los integrantes de diversas organizaciones que están procesados en la causa y que, según el fiscal Enrique Molina, son integrantes o colaboradores de la banda terrorista. Desde el comienzo del 'macrojuicio', el pasado mes de noviembre, tres de los procesados han sido apartados de la causa ya que uno de los acusados, Jokin Gorostidi, falleció el pasado mes de abril, y otros dos, Iñigo Elkoro y José Luis Aranguren, fueron excluidos del juicio porque se encontraban enfermos.

Ya sólo quedan 18 testigos de las defensas para que finalicen las pruebas testificales y comiencen las documentales, tras lo cual las diferentes partes expondrán sus informes y el juicio será visto para sentencia. Los acusados se enfrentan a penas que llegan hasta los 51 años de prisión, como en el caso de Xabier Alegría, acusado de actuar como enlace entre ETA y las diferentes organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Entre los testigos que ya han comparecido en la Audiencia Nacional se encuentran el etarra arrepentido José Manuel Soares Gamboa y los ex dirigentes etarras detenidos en Bidart (Francia) en 1993 José Luis Alvarez Santacristina, "Txelis"; Francisco Múgica Garmendia, "Pakito"; José María Arregi Erostarbe, "Fiti" y Jesús Arcauz Arana, "Josu de Mondragón".

También testificaron los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Joseba Permach, el responsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano o el presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar.

AMENAZAR A GARZÓN EN SU DESPACHO

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo martes a Ignacio Javier Bilbao, para quien el fiscal Jesús Santos solicita una pena de 12 años y 17 meses por un delito de amenazas terroristas y una falta de daños, por la que pide que se le multe con 750 euros. Según su escrito de calificación, el acusado amenazó en mayo de 2003 al juez Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, cuando éste se disponía a tomarle declaración.

Así, el etarra arrojó contra Garzón el auto de procesamiento hecho pedazos y en una, "actitud claramente agresiva", llamó al juez "cobarde y fascista", reiterándole las amenazas que ya le había efectuado en otra ocasión y dando un puñetazo sobre la mesa, "rompiendo una reproducción de la 'cruz de Caravaca' que se encontraba sobre la mesa". Fue después, al acudir la Policía, cuando el etarra espetó al magistrado que "en ese momento era muy valiente, pero que se tendrían que ver a solas".

Por otro lado, la Audiencia Nacional juzgará el próximo jueves a Sue Lorenzo Gómez, Maite Orúe Bengoa y Egoitz Martitegui Albizu, para quienes el fiscal Jesús Alonso solicita siete años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista. Según su escrito de calificación, éstos suministraron información a ETA sobre políticos vascos como la concejal del PSE-EE Gotzone Mora o la ex ministra de Agricultura por el PP Loyola de Palacios, a la vez que trasladaron a integrantes de la banda desde Francia hasta España.

El representante del Ministerio Público fundamenta su acusación en investigaciones policiales y en la documentación que se incautó en 2002 al ex dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper", tras su detención en Francia. Entre estos documentos se halló información encriptada sobre el aparato de captación de la banda, en la que aparecían una serie de personas que habían colaborado con la organización terrorista.