Bermejo.- Los enfrentamientos con funcionarios, jueces, la reforma de su ático y la cacería, marcaron su mandato

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos años de trayectoria del hasta hoy ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, han estado marcados por diferentes polémicas y escándalos como la cara reforma del ático que se le había asignado como vivienda o la cacería en la que participó junto al juez de al Audiencia Nacional Baltasar Garzón a principios de este mes.

La otra cara de su gestión al frente de Justicia, han sido su contínuos enfrentamientos con distintos representantes del mundo de la judicatura, desde los funcionarios de Justicia, que mantuvieron una huelga durante más de dos meses, hasta los jueces que convocaron un paro histórico el pasado 18 de febrero, pasando por los miembros del Consejero General del Poder Judicial que mostraron su disgustos por los comentarios del ministro sobre la sanción impuesto al juez sevillano Rafael Tirado y consideraron sus críticas como una injerencia.

Un año después de su nombramiento, en febrero de 2008, los medios de comunicación se hicieron eco de que el nuevo titular de Justicia había invertido 250.000 euros en reformar el ático de más de 200 metros cuadrados que se le había asignado por su cargo y que hasta ese momento había ocupado la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo.

Bermejo justificó entonces la inversión económica defendiendo que la casa se encontraba en malas condiciones y afectada por goteras. Añadió que el gasto se había destinado a "acondicionamiento de vivienda", "reforma de la terraza", "suministro de mobiliario de tapicerías varias", "mobiliario de cuarto de baño" y "suministro de jardineras y su posterior colocación".

En el momento en que se produjo ese primer escándalo el ministro hacía ya frente a la huelga de funcionarios de la Justicia en aquellas comunidades autónomas con competencias no transferidas que se prolongó entre el 4 de febrero y el 5 de abril del pasado año. Los paros terminaron después de que el ministro prometiera la aplicación de subidas salariales cercanas a los 200 euros.

Sin embargo esta no ha sido la única huelga a la que se ha enfrentado Bermejo como ministro dado que el pasado 18 de febrero, más de un 35 por ciento de los jueces de España se sumaron a un paro por primera vez en la historia. Los magistrados mantienen convocado, además, un segundo día de huelga, fijado para el próximo día 26 de junio.

Las negociaciones con el titular de Justicia para detener los paros desembocaron en una ruptura de la unidad asociativa. Dos de las cuatro principales asociaciones de jueces se desvincularon del resto y apoyaron una protesta secundada desde numerosas comunidades autónomas. La reacción del ministro a la jornada fue el anuncio de redacción de una nueva ley que impidiera futuras huelgas de este tipo.

El último escándalo y el que ha provocado la definitiva dimisión de Bermejo --reclamada en numerosas ocasiones desde las filas del partido popular-- ha sido su participación en una cacería junto al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los días 7 y 8 de febrero en la localidad de Torres (Jaén).

La jornada cinegética tuvo lugar sólo un día después de que el magistrado ordenara la detención del empresario Francisco Correa y dos de sus principales colaboradores a los que acusaba de delitos económicos relacionados con una trama de corrupción en la que podrían estar implicados varios ayuntamientos del PP.

Otro de los momentos claves para valorar su gestión fue el del pasado mes de otoño, cuando PSOE y PP pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Fernández Bermejo quedó visiblemente apartado del denominado Pacto de la Justicia que concluyó con el nombramiento de Carlos Dívar para presidir el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno de los jueces.

LABOR LEGISLATIVA

Entre la escasa producción legislativa de la etapa del ministro Bermejo en Justicia destaca la reforma de la legislación procesal necesaria para implantar la nueva Oficina Judicial, una "revolución" en la forma de trabajar en los juzgados aprobada en 2003 y que, según el Ministerio, no podía hacerse efectiva sin los necesarios cambios en un total de 15 leyes procesales.

El proyecto se encuentra actualmente tramitándose en Cortes, si bien uno de sus puntos -relativo a sean los secretarios judiciales y no los magistrados los que manejen la agenda de señalamientos de los juicios- es frontalmente rechazado por la Carrera Judicial, que piensa que resta independencia a su labor.

La semana pasada, el propio Ministerio de Justicia fijó el mes de enero de 2010 para la puesta en marcha de la Oficina Judicial, cuya implantación efectiva es una de las principales reclamaciones de los jueces que secundaron la huelga el pasado día 18-

Entre las normas que deben ser parcialmente modificadas por esta reforma se encuentran las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, la Hipotecaria, la de Extradición Pasiva, la de Patentes, la de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y la Concursal.

El segundo de los proyectos presentados por Bermejo es el de la Reforma del Código Penal dirigida a endurecer las penas para los terroristas y los pederastas, para quienes se proponen medidas de libertad vigilada una vez cumplan sus penas de prisión. La reforma, que ha merecido algunas críticas de carácter técnico por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también prevé eliminar la prescripción para los delitos terroristas más graves.

Además de estos proyectos efectivamente presentados, han sido otras muchos los anuncios de reforma legal realizados por Fernández Bermejo que finalmente no han visto la luz: una reforma de la Ley que regula el CGPJ para que sus vocales cesen automáticamente cuando concluya su mandato; reforma del acceso a la Carrera Judicial para evitar que éste sólo se realice por oposición; reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar a los fiscales el protagonismo en la instrucción etc.

El último anuncio de Fernández Bermejo, realizado el mismo día de la huelga de jueces, fue el relativo a crear una ley para regular las protestas de los jueces partiendo desde el convencimiento de que la huelga no les está permitida.