Los 'populares' acusan al Ejecutivo de querer "controlar el procedimiento penal" al darle la instrucción a los fiscales
MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha respondido este miércoles a las críticas del PP por sus planes de atribuir a los fiscales la instrucción de las causas penales asegurando que fue el principal partido de la oposición el que se dedicó a "incrementar la dependencia" del Ministerio Público respecto del Gobierno, mientras que el Ejecutivo socialista ha "garantizado su autonomía".
Caamaño se ha pronunciado así en respuesta al diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, quien le ha preguntado en el Congreso de los Diputados por las "advertencias" manifestadas por jueces y fiscales ante los planes del Gobierno de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que la instrucción de causas penales pase de manos de los jueces a los fiscales. Gil Lázaro ha denunciado que, con esta reforma, "da la sensación de que el Gobierno quiere controlar el procedimiento penal" para desarrollarlo "según sus intereses políticos".
El ministro de Justicia ha defendido que la reforma, que contará con un anteproyecto de ley a finales de este año, busca dotar al país de "un sistema penal mucho más eficaz y mucho más garantista", que, además, es el que tienen "todos los Estados de nuestro entorno democrático".
"O se ha quedado anclado en 1882 y no quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o se ha quedado en 2003 y desconoce que en 2007 a iniciativa del Gobierno socialista se ha modificado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía e independencia frente al Ejecutivo", ha apuntillado Caamaño.
Sin embargo, el diputado 'popular' le ha acusado de "no decirle la verdad" a la Cámara y le ha asegurado que no está "en el pasado", sino "en la muy reciente actualidad". En concreto, se ha referido a un manifiesto firmado por más de 1.500 magistrados y jueces advirtiendo de "los peligros" que supone esta reforma para "los pilares fundamentales del Estado de Derecho", ya que "ataca a la independencia de la Justicia".
Además, ha recordado las palabras del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en el acto de Apertura del Año Judicial, cuando pidió "suma prudencia" al Gobierno para acometer esta reforma.
EL PP: "NO SERÁ MÁS GARANTISTA"
En su opinión, "no es verdad" que atribuir la instrucción al fiscal sea "más garantista", porque en el modelo vigente el juez que instruye "es inamovible e independiente", mientras que el Ministerio Fiscal "está vertebrado jerárquicamente y su último eslabón, el Fiscal General del Estado, es elegido por el Gobierno".
Además, Gil Lázaro ha aprovechado para referirse también a la posibilidad de que el Gobierno modifique el ejercicio de la acción popular y ha mostrado contrario a su limitación, porque "la experiencia dice que gracias al ejercicio de esta acción han podido sustanciarse delitos de suma gravedad, frente a los cuales el silencio del Ministerio Público ha sido clamoroso". "Baste recordar el 'caso Faisán'", ha remachado.
Caamaño ha replicado lamentando que el principal partido de la oposición siga "desconfiando de la profesionalidad de los fiscales" y ha insistido en que el modelo que defiende su Gobierno "nos homologa" a los países de nuestro entorno.
Además, ha insistido en que separar "claramente" las funciones de investigación de las de enjuiciamiento "no reduce las garantías judiciales, las amplía". "Su empeño por cuestionar la actuación de fiscales, jueces y policías no es más ni menos que una estrategia", ha apuntillado.
