El Ejecutivo destaca que ha ordenado la elaboración de un informe sobre la actuación de la policía en las protestas vecinales
VALENCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central asegura que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio del Cabanyal de Valencia es una opción urbanística "incompatible con el mantenimiento de los valores del conjunto histórico" y ha sido adoptada por el Ayuntamiento de la ciudad "apriorísticamente, obviando los principios de proporcionalidad y mínima intervención".
El Ejecutivo español se expresa en estos términos en una respuesta parlamentaria motivada por la interpelación del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares sobre la situación en el Cabanyal y los incidentes que se registraron el pasado 8 de abril en la zona durante las protestas vecinales contra los derribos.
Al respecto, el Gobierno señala, en relación con los incidentes de abril relativos a la actuación de la Policía Local y Nacional con los manifestantes, que se ha ordenado la elaboración de un informe.
El texto oficial --difundido hoy por Esquerra Unida (EUPV)-- recuerda que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2009 que confirmaba la obligación del Ministerio de Cultura de dictar resolución sobre la existencia o no de expolio en el Cabanyal, el departamento ministerial aprobó una orden por la que resolvía el procedimiento por expoliación del conjunto histórico, que se notificó a la Generalitat valenciana en enero de 2010.
La orden, en síntesis, contempla declarar la existencia de expolio y la obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión del PEPRI.
Entre las razones de carácter jurídico-material aducidas, el Gobierno destaca que el Plan Especial "tiene por objeto fundamental la 'reforma interior' del conjunto, relegando la finalidad de 'protección' de sus valores histórico-artísticos a una posición accesoria y totalmente supeditada que pone en peligro el valor histórico artístico del conjunto".
"Consecuencia de lo anterior --prosigue la argumentación-- el PEPRI supone una alteración del conjunto que desfigura el mismo hasta el punto de hacer perder a éste su propio carácter, su 'peculiar trama de retícula', en beneficio de una determinada opción de trazado urbanístico (articulación de un nuevo barrio en torno a una gran avenida que conecte el resto de Valencia con el mar) incompatible con la protección del conjunto histórico".
Dicha opción urbanística, añade, "no sólo es incompatible con el mantenimiento de los valores del conjunto, sino que ha sido adoptada apriorísticamente por el Ayuntamiento obviando los principios de proporcionalidad y mínima intervención, sin el debido estudio de las distintas soluciones técnicas posibles, y sin motivar adecuadamente la elección de la solución definitiva de entre las existentes".
Igualmente, se sostiene que "las determinaciones del PEPRI consistentes en modificación de las alineaciones, alteraciones de la edificabilidad y demás actuaciones vedadas, como regla general, por la normativa de protección de patrimonio histórico, no contribuyen a la mejor conservación general del conjunto, entendido éste como el definido por los valores del conjunto histórico, sino que únicamente están al servicio de la consecución de una determinada solución de política urbanística".
Además de estas consideraciones, "la determinaciones del PEPRI comportan una serie de derribos singulares de bienes de gran valor histórico-artístico que contribuyen al deterioro del conjunto y agravan la desfiguración de aquellos que motivaron la protección del conjunto".
El Gobierno recuerda además que, tras la publicación de la orden, la Generalitat opuso un decreto ley ante el que se interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 2/210 de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia que, "lejos de proteger, ha facilitado los derribos de casas del Cabanyal de los días 6 y 8 de abril". El Tribunal Constitucional admitió a trámite el 14 de abril el recurso promovido por el Gobierno de España, "con lo que han quedado paralizados los derribos".
Por su parte, el coordinador de EUPV en Valencia, Amadeu Sanchis, criticó la respuesta dada por la Administración central a la pregunta formulada por Llamazares, ya que en la contestación "no se especifica cómo se producirá la rehabilitación del barrio ni tampoco entra en detalles sobre los hechos del pasado mas de abril", por lo que la formación reclama "rapidez en el informe sobre la carga policial que se produjo en el Cabanyal".
PLAN CONCRETO Y FINANCIACIÓN
Igualmente, el dirigente de EUPV ha pedido al Gobierno que la congelación en inversión pública no afecte al Cabanyal, "puesto que esto seria dar argumentos al PP y a la alcaldesa Rita Barberá". "Ante esto el Gobierno ha de intervenir directamente con un plan concreto con financiación suficiente para iniciar las negociaciones con el Ayuntamiento para demostrar que lo que impide la orden ministerial sólo hace referencia a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, pero no a las licencias de obra o locales comerciales".
Sanchis considera "muy importante que los vecinos no tengan la impresión de que durante muchos meses no se hará ninguna inversión en el barrio, dejándolo a la deriva, puesto que el Gobierno central tiene en su mano impedirlo o, como mínimo, denunciarlo".
