Calamita espera que el Tribunal Supremo revoque su sentencia, "pida la absolución o repita el juicio"

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez Fernando Ferrín Calamita aseguró que el abogado de la acusación, José Luis Mazón, quien acudió hoy al TSJRM para recurrir la sentencia de que condena al magistrado a más de dos años de inhabilitación, "está en su derecho", aunque "evidentemente no creo que ese recurso prospere". De hecho, dijo esperar que el Tribunal Supremo "revoque la sentencia, incluso puede ordenar la nulidad de las actuaciones, que se vuelva a empezar de nuevo, se repita el juicio o directamente pida la absolución".

El abogado de la acusación presentó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia un escrito de anuncio de recurso de casación, en el que pide que se mantenga la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y la indemnización de 6.000 euros a la demandante por retardo malicioso a la adopción de una menor por parte de la compañera sentimental de la madre biológica, así como que la aumente "por un delito de prevaricación continuada".

Y es que, según Mazón, hay pruebas documentales en las que se pone claramente de manifiesto que el juez Calamita tenía un "plan preconcebido" para impedir la adopción como, por ejemplo, "el mensaje que éste dirige al TSJ de Murcia, cuando dice cuales son sus verdaderas ideas sobre el caso".

Mazón se refirió así a un mensaje por correo electrónico en el que Ferrín Calamita "dice que la Ley no puede determinar que la Tierra es plana, y que no puede dar el derecho de adopción a los homosexuales, que eso es ir contra natura y contra la evidencia". Ahí queda claro que la verdadera sentencia de Calamita, según Mazón, "no era sólo retardar el expediente de la adopción, era quitar a esa niña de su familia natural, de su madre y ponerla en lo que él considera una familia, compuesta por hombre y mujer".

En este sentido, Calamita afirmó hoy que "es absurdo". "Eso se debe a la mala información de su abogada, porque el hecho de nombrar defensor judicial de la menor a la Dirección General de Familia en modo alguno afecta a la patria potestad de la madre", aclaró en magistrado ahora inhabilitado.

"Es compatible, lo dicen sentencias del Tribunal Supremo y parece mentira que uno de los miembros de la sala sea catedrático de Derecho Civil y haya firmado eso", añadió Calamita a las puertas de la Ciudad de la Justicia en Murcia, tras acudir a recurrir su sentencia, con el fin de conseguir la absolución el juez.

Preguntado por qué hará hasta que se resuelva la sentencia, el magistrado apuntó "sólo puedo, con autorización del Consejo General del Poder Judicial, dedicarme a la docencia". "Claramente, si alguien me contrata", apostilló Calamita, quien insistió en que "yo sólo confío en que el Tribunal Supremo revoque la sentencia y la anule para poder continuar en la carrera judicial; en el caso contrario, tampoco pasa nada". "Hoy día, en las condiciones actuales, no existe el poder judicial, yo creo que en el fondo no interesa que haya una justicia independiente", apostilló.

Calamita aseguró, que en ese caso, acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque "abandonaría probablemente la carrera judicial, porque no merece la pena seguir en estas condiciones donde no hay independencia e inmovilidad". "No merece la pena", sentenció.

Asimismo, quiso explicar que "esto viene de antes; yo siempre he mediado entre las partes para que lleguen a un acuerdo en plan informal y la mayoría de las veces se conseguía, porque desgraciadamente en la mayoría de los casos se discute en los divorcios por la cuestión monetaria", pero "se quejaron varios abogados al anterior decano porque veían su minuta aminorada". "Está claro que no es lo mismo un juicio formal en la sala de vistas que una comparecencia en un despacho de manera informal", expresó.

En cuanto a qué hará con los 16.000 euros recaudados por la plataforma creada a su favor, Calamita indicó que "los mantendré en esa cuenta, que no es mía hasta saber si el Supremo confirma la sentencia", en ese caso, "pagaré las cantidades, la indemnización por supuestos daños morales, que no sé cuáles son, así como la prima del abogado", aseguró.

"VOLVERÍA HACER LO MISMO".

El magistrado volvió a insistir hoy que "la cuestión de fondo que subyace aquí es la cristofobia". La sentencia, continuó, "dice que se me condena por haber sepultado durante seis meses dicho expediente en la mesa de mi despacho, cuando por esa regla de tres tendrían que procesar a más del 90 por ciento de los magistrados españoles. El elemento subjetivo del delito, claramente es que me han tachado de homófobo por ser católico". Esto "no es nada tolerante, aunque no me molesta porque no es verdad", argumentó.

"Lo que sí me molestó -apuntó-, es que se dijera que odiaba a algunas personas; yo no odio nada, si efectivamente introducen el dato de que soy católico háganlo con todas las consecuencias", es decir, "si soy católico no puedo odiar a nadie, ni a blancos, ni a negros, ni a amarillos ni a homosexuales, a nadie", indicó.

Tras lo que criticó "ellos dicen que antepongo mis creencias a la Ley, yo creo que es al revés, yo sólo me limité a acordar unas expediciones", argumentó Calamita, quien añadió "me acusan por intentar averiguar qué es lo más beneficioso para la pequeña".

El magistrado aseguró también hoy que Vanesa y Susana, madre de la niña y su pareja, "tienen derecho a contraer matrimonio, y de hecho lo hicieron", pero otra cosa es la influencia que esa convivencia pueda tener en la niña, "si es beneficiosa o perjudicial", reiteró.

Al tiempo que manifestó que, de haber sido sectario o partidista, "podría haber elegido un informe pericial negativo" sobre esa adopción "que dijera lo que yo quisiera". La prueba, añadió, "es que nombré al Gabinete Psicosocial del Juzgado para que emitiera un informe sobre si existía o no influencia hacia la menor".

Calamita recordó que el juzgado citó tanto a Vanesa como a Susana el 16 de agosto de 2008 y cuando llegaron el personal del Gabinete "les dijo que el informe ya lo tenía el juez y que se podían marchar". De hecho, explicó, "el informe llevaba fecha del 11 de agosto, es decir que no lo vieron como aseguraron en el juicio. Así me lo confirmaron desde el propio Gabinete".

El magistrado aseguró también que "volvería a hacer lo mismo" si tuviera otro caso parecido en sus manos, porque "yo no he actuado incorrectamente, no he dictado un auto denegando la adopción porque la adoptante sea lesbiana". A la vez que apuntó que en un caso similar quiso atribuir la custodia compartida a ambos, pero se la dio al padre porque "me lo impedía el artículo 92 del Código Civil".

HUELGA DE JUECES.

Por último, preguntado por la huelga de jueces, afirmó que "es evidente que la justicia está politizada, lo he podido comprobar", lo está "al máximo" y "desde arriba hasta abajo". La prueba, continuó, "de que no hay tres poderes, sino uno sólo, es que meses antes de las elecciones generales se sabía quién iba a ser el presidente del Congreso de los Diputados: José Bono".

"La independencia e inamovilidad de los jueces no existe, por mucho que lo diga un artículo de la Constitución; ésta también dice que todos tienen derecho al trabajo y hay 3,2 millones de parados", añadió.

A este punto recordó que le amenazaron telefónica tres veces diciendo que se fuera de Murcia y no volviera, "que me tomara unas largas vacaciones porque un católico no puede estar en un juzgado de familia". Presenté una queja contra el presidente del TSJ en el Consejo del Poder Judicial y "me dijeron que esa no es una opresión". "Si no lo es, que baje Dios y lo vea", concluyó.