Cándido Méndez pide al Gobierno central que se aumente el parque de vivienda pública protegida en 100.000 viviendas

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió hoy al Gobierno que aumente el parque de vivienda pública protegida en 100.000 viviendas y que el 50% de ellas se destinen al alquiler. En la actualidad, se construyen alrededor de 80.000 viviendas.

El líder de UGT realizó estas declaraciones, en una rueda de prensa en Vitoria, donde el sindicato celebra por primera vez su asamblea de delegados. Méndez consideró "urgente" resolver los problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes y precisó que "el 55% de jóvenes menores de 35 años no pueden acceder a la emancipación". En este sentido, indicó que "para poder acceder a una vivienda los jóvenes deben emplear más del 60% de su salario".

Asimismo, el líder de UGT consideró que los compromisos del Gobierno central en materia de vivienda protegida y en ayudas a los jóvenes para el alquiler "van en la dirección correcta". Sin embargo, abogó por "definir una Política General de Vivienda que se enmarque en la nueva Ley del Suelo".

"Es necesario alcanzar la cifra de 100.000 viviendas de nueva construcción al año" y que el 50% de ellas se destinen al alquiler", señaló. Además, Méndez indicó que otra de las apuestas de UGT en materia de vivienda es la rehabilitación de la vivienda usada en los cascos históricos de las ciudades".

PROTECCION SOCIAL

Por otra parte, el secretario general consideró que se debe "mejorar la protección social" desde el punto de vista económico. En este sentido, apuntó que las medidas planteadas por el gobierno central son "el primer paso para definir la política general", pero apuntó que "se debe mejorar la protección familiar con medidas como la universalización de la enseñanza de 0 a 3 años", indicó. Además, recordó que la UGT defiende "la necesidad de cambiar el modelo productivo de España basándolo en el empleo de calidad estable", indicó.

Por su parte, el secretario general de UGT de Euskadi, Dámaso Casado criticó que el 58% de los trabajadores de Euskadi está sin Convenio Colectivo y destacó la situación del sector del metal, ya que "en Álava y Vizcaya llevan desde el 2004 sin convenio".

Además, Casado anunció que exigirá al Gobierno vasco que ponga en marcha un decreto aprobado el pasado mes de enero por el cual todos los centros de trabajo deberán estar equipados con máquinas desfibriladoras que se puedan utilizar por personal no sanitario. Según Casado, de esta forma "se podría haber evitado alguna de las 19 muertes por infarto producidas en este año en Euskadi", concluyó.