PALMA DE MALLORCA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP en el Parlament balear, Josep Joan Cardona, aseguró este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura, cuando ocupaba el cargo de conseller de Comercio, Industria y Energía, resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual se desviaron presuntamente unos cinco millones de euros.
El imputado, para quien la Fiscalía anticorrupción y la acusación particular, ejercida por la abogada de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal, solicitan una fianza de responsabilidad civil de 4,8 millones de euros, aseveró asimismo, acerca del control que ejercía sobre los fondos públicos del CDEIB, que "confiaba plenamente" en sus servicios técnicos y jurídicos por lo que negó cualquier tipo de irregularidad en la concesión de los contratos, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Las investigaciones, enmarcadas en el prodecimiento judicial conocido como caso Scala, apuntan a que desde la empresa pública, dependiente de la Conselleria de Industria, se adjudicaron contratos de forma directa sin obedecer a las normas del procedimiento, a sociedades en las que Cardona, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la entonces gerente del Consorcio, Antònia Ordinas, tenían participación.
Unos hechos que fueron determinados además a raíz de las declaraciones efectuadas en su día tanto por Ordinas como por el ex concejal de Lloseta, Felipe Ferré (PP), a su vez socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands -adjudicatarias de contratos del CDEIB-. Ferré compareció de nuevo hoy como encausado y ratificó sus acusaciones, aludiendo a la existencia de un contrato privado que demuestra que Cardona era socio de sociedades beneficiarias de los fondos públicos.