Casa Asia encarga su asesoría jurídica a la Abogacía del Estado por 20.000 euros al año

Publicado: lunes, 27 abril 2020 17:38

El consorcio está pendiente de un recurso presentado ante el Supremo por el propietario de su primera sede

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de diplomacia pública Casa Asia ha firmado un convenio con la Abogacía del Estado por el cual ésta se hará cargo de su asistencia jurídica por un importe de 20.000 euros al año, por un periodo inicial de un año pero prorrogable por otros cuatro.

Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado, la Abogacía hará labores tanto de asesoramiento jurídico como de representación y defensa jurídica en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.

Estos consorcios de diplomacia pública pueden decidir contratar su asesoría jurídica con un bufete de abogados privado o con la Abogacía del Estado. Ésta también presta servicios al Instituto Cervantes y a Casa Mediterráneo, explican fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

Casa Asia se encuentra actualmente pendiente de una decisión del Tribunal Supremo, después de que Alting S.A., la empresa a quien contrató el alquiler de su primera sede, presentase un recurso de casación ante el alto tribunal para reclamar una indemnización.

REDUCCIÓN DE APORTACIONES DE GENERALITAT Y AYUNTAMIENTO

La institución, con sede en Barcelona y una segunda sede en Madrid, arrastra problemas económicos por el impago de sus alquileres y por la reducción de aportaciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona desde 2018.

De hecho, la Intervención General del Estado advirtió en su último informe de auditoría, el de las cuentas de 2018, de que el Consorcio sufre una situación de "desequilibrio financiero", de manera que, si no se realizan nuevas aportaciones a su patrimonio, esta situación podría suponer una "incapacidad" para continuar con sus operaciones.

Casa Asia, un consorcio en el que participan el Ministerio de Asuntos Exteriores, la AECID, la Generalitat catalana y los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, cerró 2018 con pérdidas de 1,56 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 2,34 millones de euros.

Los problemas de Casa Asia vienen de lejos y, de hecho, los auditores señalan que la situación patrimonial se ha visto "agravada sustancialmente" por tener que provisionar el posible pago de una indemnización a Alting S.A. por incumplir el contrato de alquiler de su primera sede.

Los auditores ven "previsible" que ese pago tenga que materializarse. La Audiencia de Barcelona cifró la cantidad en 1,4 millones de euros, pero la empresa, que reclama el doble, ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

El contencioso se remonta a 2012, cuando Casa Asia tuvo que dejar sus primeras oficinas, en la Avenida Diagonal, por sus "elevados costes" y la empresa fue a juicio.

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