MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes en el Pleno del Senado que desde el Gobierno no se tratará de imponer la instrucción penal por el fiscal, un modelo que funciona en todo el mundo de forma satisfactoria, que únicamente se aplicará "si hay consenso suficiente" y si el cambio es compartido con la Fiscalía y el resto de la comunidad jurídica. El titular de Justicia ha realizado estas afirmaciones a preguntas del senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera, quien le ha preguntado si era voluntad del Gobierno el intervenir en la autonomía del Ministerio Fiscal a raíz de las últimas polémicas referidas a asuntos como las discrepancias entre el fiscal general del Estado y las fiscales adscritas al caso 'Púnica' en relación con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Catalá le ha respondido que "en absoluto" existe voluntad de intervenir en el funcionamiento de la Fiscalía, que a juicio del Ejecutivo "funciona muy bien". Ha insistido en que desde el Gobierno no se va a alterar dicha autonomía y nunca se defenderá ningún programa que incluya la intervención sobre el Poder Judicial o el Ministerio Fiscal, que es algo que "otros no pueden decir". Comorera le ha replicado que si esta es su posición debería explicar por qué no mantuvo a Consuelo Madrigal en la Fiscalía y si ello ha tenido que ver con su resistencia a nombrar a determinados fiscales; de dónde salieron las filtraciones sobre la posición de la Fiscalía general en el caso 'Púnica' antes referido y por qué él se posicionó contra las fiscales del caso "despreciando su trabajo y amenazando con un expediente". "Quizá su concepto de la Fiscalía es que simplemente es una organización jerárquica cuyos miembros deben actuar como ordenan sus jefes", ha añadido el senador de En Comú Podem, por lo que ha adelantado que su partido no va apoyar la reforma dirigida a dar la instrucción penal a los miembros del Ministerio Público. Ante dichas críticas, el titular de Justicia a recordado que la actividad de los 2.400 fiscales que ejercen en toda España está regulada en el artículo 124 de la Constitución y por el Estatuto Fiscal, y que es una institución que tiene autonomía para el ejercicio de sus funciones pero que también actúa bajo el principio de dependencia jerárquica. Así, ha explicado que lo que hace la Fiscalía "no lo decide una persona, sino una institución que tiene procedimientos y sistemas internos" para fijar su posición mediante informes que además se hacen públicos. Finalmente, ha alabado el "difícil" trabajo realizado por los fiscales, a veces bajo presiones, y ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que algunos fiscales se sientan "coaccionados" en su labor aunque, si ello ocurre, siempre pueden acudir a los tribunales y ante la propia Fiscalía General.
