Dice que no hay que ser "injustos" con los sindicatos, que "tienen la fuerza que tienen" y que "algunos quieren cargarse" porque "estorban"
ARRASATE (GUIPÚZCOA), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado que la nueva ayuda a los parados que hayan agotado todas las prestaciones, propuesta por el Gobierno central, es "una limosna" además de "una gota de agua" que saca de "todo lo recortado en la partida de desempleo".
El dirigente de la formación de izquierda ha comparecido en rueda junto a la coordinadora de Ezker Anitza-Izquierda Unida en Euskadi, Isabel Salud, y el responsable de la formación Juan Luis Merino, en la localidad guipuzcoana de Arrasate, donde se han reunido con colectivos de extrabajadores de Fagor.
Lara ha criticado la iniciativa del Ejecutivo que plantea un programa de activación económica con "una ayuda de 400 euros al mes para parados de larga duración durante seis meses", lo que ha cuantificado en un total de 740 millones de euros", que, a su juicio, supone "siete días con cuatro horas lo que pagamos por intereses de la deuda pública del Estado".
A su juicio, el Gobierno central del PP pretende con esta medida "alimentar una especie de propaganda previa a siguientes procesos electorales porque esto no tiene fondo, no tiene calado". "Una gota de agua en el desierto le viene bien a la gente pero no resuelve los problemas de este país y de la gente que está sufriendo ya durante mucho tiempo la exclusión social", ha denunciado.
Además, ha censurado que el Ejecutivo central "saca" esa ayuda "de los bolsillos de los parados, de haberles recortado el paro durante los años que llevamos viviendo".
"De todo lo que ha recortado el Gobierno en la partida de desempleo que son 5.000 millones de euros aproximadamente, de ahí saca un trocito pequeño para decir a los parados os vamos a dar un balón de oxígeno a 300.000 o 390.000 personas" con esa ayuda, algo que ha tachado de "hipocresía". "No haberlo quitado antes y no tendría que estar planteando ahora una limosna", ha añadido.
Lara ha afirmado que "hay dos varas de medir" porque el Ejecutivo "no es tan cicatero con las eléctricas, 3.400 millones de euros por el coste de la transición es lo que se quedan; no es tan cicatero con Florentino Pérez que recodaréis que del proyecto 'Castor' ha recuperado casi 1.400 millones de euros después de ser un fiasco la operación de 'fracking'; o con la amnistía fiscal de Montoro que se tendrían que haber recaudado del orden de 13.000 millones de euros de los 40.000 que se legalizaron y se recaudó la friolera de 1.250 millones, es decir un cómodo tres por ciento que se les cobró a los defraudadores". SINDICATOS
Por otra parte, preguntado por la posición de los sindicatos ante la propuesta de esta nueva ayuda, ha señalado que normalmente cuando el trabajador se sienta a negociar con el empresario "generalmente hay uno que gana más que otro y, por lo general, gana el que explota al trabajador" y "los sindicatos tienen la fuerza que tienen, no tienen más" con 2,5 millones de afiliados y 17 millones de trabajadores a los que se suman otros cinco millones de parados.
En este sentido, ha indicado que "no hay que ser injustos" con los sindicatos, "independientemente de que tengamos que hacer autocrítica permanente", porque en este país "se quieren cargar los sindicatos, a algunos les estorban". Frente a ello ha recordado que "son los defensores de la clase trabajadora, con todas las críticas que les queramos hacer y y, si no existen, los trabajadores están definitivamente jodidos".
"ALTERNATIVA"
Lara ha propuesto, como alternativa, la creación de planes de empleo y formación para parados de larga duración, en concreto un 1.200.000 trabajadores, un programa con un coste de 8.400 millones de euros, y que conllevaría un salario de 1.000 euros mensuales con seguridad social, por cinco horas de trabajo de aportación a la comunidad y dos de formación.
A su juicio, así se lograría que esa gente viva con su trabajo, "primer elemento importante para la dignidad de la gente", y que el 50 por ciento de cada mil euros abonados por el Estado revierta a través de los impuestos en el mismo y ello, además, ayudaría al aumento del consumo y, por tanto, a la economía.
También ha indicado que IU ha presentado una proposición no de Ley (PNL) para la elaboración de un plan de ayuda a pymes, autónomos, empresas de economía social y cooperativas, que contemple la prórroga de la vigencia de los alquileres anteriores a 1985 que vencerán a 31 de diciembre de este año hasta que España "baje del 12 por ciento de paro", ya que ello va a suponer que "van a cerrar muchos pequeños comercios", cuyos empleos en el conjunto del Estado ha cifrado en 500.000.
Asimismo, ha propuesto una subvención al primer empleo a los autónomos o pymes que contraten de hasta "el 30 por ciento de la masa salarial bruta" el primer año de contratación y "de hasta el 20 por ciento el segundo año", lo cual "contribuiría a aumentar los salarios", a lo que se suman otras medidas contempladas en la PNL como "un tratamiento extraordinario, especial y privilegiado por parte de las administraciones públicas a las pequeñas empresas en la contratación" o el incremento de la banca pública para favorecer el acceso al crédito a las economías productivas, pequeñas empresas, comercio pequeño, economía social, etc.
GOBIERNO VASCO
Por su parte Salud se ha mostrado su total rechazo al proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2015 que son "continuistas" con respecto a años anteriores y mantienen la "lógica recortadora y neoliberal, impulsada por los grandes sectores, el poder económico y el financiero a nivel europeo, por Merkel y por Rajoy" que "no nos han sacado de la situación de emergencia, sino que han hecho más bien lo contrario, han profundizado en la pobreza y el desempleo".
A su juicio, las Cuentas del Ejecutivo vasco para el próximo ejercicio "no van a responder a las necesidades urgentes" de la población vasca y se basan en "contención del gasto, recortes, y una renuncia expresa a recaudar más, a aumentar la fiscalidad a las rentas más altas, al capital y a perseguir de una manera decisiva el fraude".
También ha criticado que este proyecto presupuestario plantea "recortes" en todas las partidas, "salvo la de la deuda", que representa "el 9,6 por ciento del gasto público", y la de "los intereses de la deuda y la del tren de alta velocidad".
La responsable de Ezker Anitza-IU ha señalado que si la deuda no hubiera aumentado en 900 millones en los últimos años "nos hubieramos evitado todos estos recortes", al tiempo que ha censurado las reformas fiscales "regresivas" llevadas a cabo en Euskadi, que han producido una disminución de los ingresos y un mayor endeudamiento.
Salud ha abogado por analizar las necesidades de las personas en Euskadi y a partir de ahí ver cómo aumentar el gasto público para cubrir esas necesidad. Finalmente, ha advertido del "drama social" que supone el hecho de que "casi la mitad de la población vasca está en riesgo de caer en algún estado de pobreza en los próximos años".
En este contexto, ha propuesto aumentar la fiscalidad hacia los sectores que tienen dinero, la banca, el sector financiero, las rentas más altas y grandes empresas; la persecución del fraude fiscal; y crear empleo, proteger a las personas más necesitadas y mejorar los servicios públicos.
Finalmente, ha trasladado el apoyo de su formación a las manifestaciones convocadas en Euskadi este viernes y sábado por agrupaciones republicanas contra el "anacronismo" de la Monarquía, que supone "un elemento antidemocrático".
