MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Públicos de CC.OO. criticó hoy al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) por su actuación respecto al expediente disciplinario incoado al juez central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, Manuel Arce Lana, por trato desconsiderado hacia los funcionarios a su cargo.
El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 10.000 euros impuesta en 2004 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por faltas graves al haberse superado los seis meses de plazo reglamentario desde que se abrió el expediente hasta que se resolvió sobre la multa.
En opinión de CC.OO., "el órgano de gobierno de los Jueces, parece actuar sólo a golpe de escándalo judicial cuando se trata de tramitar, en tiempo y forma, los expedientes disciplinarios denunciados contra jueces y magistrados"
El sindicato se refiere con ello al expediente incoado al juez de lo Penal número 1 de Sevilla Rafael Tirado, sancionado por el retraso en la ejecución de una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortes.
"Su tramitación (la del expediente a Tirado) se realiza de forma ágil, lo que en este último caso conllevará incluso que sea el último Pleno del año del CGPJ el que decida sobre la resolución de los recursos planteados; sin embargo no ocurre igual cuando se trata de la tramitación de otros expedientes disciplinarios, pese a la gravedad de los hechos que el propio CGPJ considera probados y sancionables".
En una nota difundida hoy, CC.OO señala que la sentencia del Tribunal Supremo "viene a reconocer la incompetencia del CGPJ en la tramitación del expediente disciplinario abierto a Manuel Arce Mena".
Con respecto a este asunto, el Supremo consideró que la multa había prescrito porque transcurrieron más de seis meses desde que la Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces abrió en su contra expediente disciplinario --el 8 de marzo de 2004-- hasta el momento en que se acordó la cantidad que debía abonar el magistrado, que se notificó a Arce el 15 de octubre de 2004.
El CGPJ tuvo en cuenta a la hora de imponer la sanción el hecho de que 23 funcionarios del Juzgado cesaron de su trabajo entre el 20 de junio de 1999 y el 20 de enero de 2004. Otros tres se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés.
La apertura del expediente vino provocada por las denuncias del personal, incluida la secretaria titular del Juzgado, que certificó que la hora habitual de llegada del juez a las dependencias solía ser posterior a las 14.00 horas.
"MIEDO" ENTRE LOS FUNCIONARIOS
El CGPJ consideró acreditado, además, que el magistrado provocaba "mal ambiente" y "miedo" entre los funcionarios. El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce "gritaba al personal", daba "violentos puñetazos en la mesa", profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo", amenazaba continuamente con la apertura de expedientes y obligaba al personal a llamarle "Señoría Ilustrísima".
El informe del Consejo reflejaba algunas de las situaciones que tuvieron lugar en el Juzgado. Entre otras incluía la experiencia vivida por una de las funcionarias que, tras un enfrentamiento con Arce "abandonó sollozando el despacho, se fue directamente a la calle y no volvió más".
El juez tuvo también sonados enfrentamientos con representantes de la Abogacía del Estado o procuradores. Arce niega absolutamente los hechos que se le imputaron, destaca la resolución que concluye que el procedimiento caducó por sobrepasar el plazo establecido.
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