Denuncia que la "desvergüenza" del Gobierno, tras aprobar las "infames" tasas, alcanza cotas "insoportables" en materia de Justicia
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de CC.OO. ha llamado a movilizarse contra la reforma del Registro Civil al denunciar que prevé su "privatización" y que impondrá a los ciudadanos el pago de "servicios obligatorios que hasta el momento eran gratuitos". Advierte de que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el Gobierno "pretenden acabar con la Justicia como servicio público y gratuito para los ciudadanos".
"La desvergüenza del ministro de Justicia y del Gobierno, tras la aprobación de la infame Ley de Tasas, alcanza cotas insoportables con este nuevo paso dado en la misma dirección de privatizar la Administración de Justicia: los ciudadanos con ingresos reducidos verán imposible en el futuro inmediato su acceso a la Justicia debido a la ley de Tasas, y ahora no podrán ni siquiera solicitar los certificados obligatorios imprescindibles como los de matrimonio al tener que pagar por ellos doblemente, con los impuestos y con los aranceles", afirma la plataforma sindical en un comunicado.
Así se ha referido al borrador de anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros en la que está trabajando el Gobierno y en el que estudia cuánto y por qué trámites cobrarían los registradores de la propiedad y mercantiles una vez que se les ceda el Registro Civil. Fuentes del Ejecutivo, explican que quedarán fuera del cobro de aranceles los certificados de nacimiento y defunción, que suponen dos tercios de los trámites que actualmente realizan los Registros Civiles.
Para CC.OO., si la movilización no lo impide, los ciudadanos deberán pagar con la nueva ley por las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas porque eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro --jueces, secretarios y funcionarios judiciales--.
El sindicato ha tildado de "escandaloso" que el propio Director General y Subdirector General de los Registros y del Notariado, José Rodríguez Hernández y Francisco Javier Vallejo, pertenezcan al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y hayan participado activamente en la elaboración del texto. "Tampoco es un secreto que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pertenece a dicho cuerpo en servicios especiales y con reserva de plaza", ha agregado.
"No se le oculta a nadie que la aprobación de esta reforma de los registros puede estar plagada de "conflicto de intereses o de captura del regulador", porque entregar desde el Ministerio la gestión a los registradores, que son funcionarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado sino de los aranceles que pagan los usuarios de los servicios que prestan, plantea como mínimo la duda más que razonable de si el proceso no está viciado desde su comienzo", argumenta.
DISCRIMINACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL FRENTE AL RELIGIOSO
Entre otras disposiciones, indica que el texto contempla que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles cobrarán mediante los correspondientes aranceles, a cargo del ciudadano, sus honorarios y los costes derivados de la prestación del servicio público, que dejará de ser gratuito.
De otro lado, subraya que los notarios celebrarán el matrimonio civil y tramitarán el expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. "Por tanto, el matrimonio civil, competencia del juez o alcalde hasta el momento, deja también de ser gratuito", ha agregado, para entender que ello introduce una "clara discriminación" del matrimonio civil respecto al religioso.
Destaca que las Administraciones Públicas estarán exentas del coste por las inscripciones y certificaciones, a diferencia de los funcionarios. El sindicato también señala que los funcionarios que presten servicios en los registros civiles únicos o juzgados con competencia en la materia "perderán su plaza y serán reordenados para cubrir vacantes".
"No se garantiza ni siquiera que mantendrán como mínimo las retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa", remacha.
Dicho esto, CC.OO. hace hincapié en que el Ministerio ha gastado más de 128 millones de euros con cargo a los impuestos de los ciudadanos en la modernización e informatización de los registros civiles, que ahora se "entregarán a intereses privados" y remarca que la recaudación será "millonaria" si el arancel por cada trámite oscila entre los 10 y los 40 euros.
