El juez de Marbella (Málaga) Urquía pide personarse en la investigación abierta contra él en el Poder Judicial
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana una propuesta de los Servicios de Inspección de este órgano para imponer a la juez de Collado Villalba (Madrid) María del Carmen Gámiz una multa de 2.320 euros y suspensión por cinco días en el ejercicio de su cargo, por insultar a sus funcionarios y tomarse días libres en perjuicio del funcionamiento del juzgado.
Fuentes del Consejo señalaron hoy que el informe de la Inspección considera que la actitud mantenida por la juez a lo largo de 2006, que es el periodo sometido a examen-, es constitutiva de tres faltas, dos muy graves -desatención y faltar a la verdad para obtener permisos- y una tercera grave, de abuso de autoridad.
Con respecto a esta última falta, la investigación realizada por los inspectores del CGPJ constató que Gámiz "maltrata" de forma habitual a los funcionarios asignados a su cargo, a los que en una ocasión tildó de "inútiles e ineptos" y les aseguró que si el juzgado de Collado funcionaba era gracias a su propia labor.
LA PAGÓ CON EL ARMARIO.
En una ocasión, la magistrada entró en cólera al observar una mancha en una de sus sentencias, por lo que, tras recriminar lo sucedido a una de las funcionarias, se encerró en su despacho y la emprendió a golpes con el armario, tal y como pudo constatar al día siguiente el servicio de mantenimiento, al observar las bisagras "arrancadas de cuajo".
Además, la juez Gámiz impidió el acceso a su despacho de un fiscal que acudió a entregarle un escrito de acusación, encerrándose en la habitación y echando el pestillo, según el informe de la Inspección.
Por todo ello, los inspectores consideran que la juez mantiene una actitud desconsiderada hacia los funcionarios y genera un clima de tensión en el juzgado, lo que constituye una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este artículo califica de grave el exceso o abuso de autoridad, o la falta consideración respecto de los trabajadores a servicio de la juez o los ciudadanos en general.
La propuesta sometida mañana a debate también propone que se sancione a la juez de Madrid con el pago de una multa de 320 euros por una falta muy grave de desatención o retraso injustificado -contemplada en el 418.5 de la LOPJ-, en relación con el retraso de unas horas que sufrió la adopción por la juez de la aplicación del 'habeas corpus' a un detenido.
La última sanción, de cinco días de suspensión en el ejercicio de su cargo, la propone la Inspección por la supuesta comisión por la juez de una falta muy grave del artículo 417.11 de la LOPJ, que censura que se falte a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas por parte de los jueces.
Al parecer, Gámiz solicitó días de vacaciones alegando que no tenía señalamientos de ningún tipo en su juzgado, cuando en realidad su ausencia sí afectó a determinadas vistas, perjudicando a los ciudadanos incursos en dichos procedimientos.
URQUÍA.
Por otra parte, los cinco vocales del CGPJ que integran la Comisión Disciplinaria del CGPJ estudiarán una petición realizada a este órgano por la defensa del ex juez de Marbella (Málaga) Francisco Urquía, quien solicita personarse en la investigación abierta contra él por presuntas responsabilidades disciplinarias derivadas de su relación con Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí que destapó la Operación Malaya.
El CGPJ abrió una información previa para investigar la actuación del juez Urquía, que ha sido procesado en una causa penal por supuestos delitos de cohecho y prevaricación. El abogado de Urquía cree que el expediente del Poder Judicial podría suponer una persecución doble contra su patrocinado, por lo que solicita estar al corriente de lo que el órgano de gobierno de los jueces decida al respecto.
Fuentes del Consejo señalaron hoy que la investigación respecto de Urquía se encuentra aún en una fase previa, en los Servicios de Inspección de este órgano, y que de elevarse una propuesta a la Comisión Disciplinaria lo más probable es que ésta se paralice es espera de que concluya el procedimiento penal.
