El fiscal ha tramitado diligencias sobre el presunto uso de aeropuertos españoles en Baleares, Canarias, Málaga y Barcelona
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, ha remitido hoy una carta al presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar LLamazares, en la que señala que el Ministerio Público impulsará la investigación sobre el supuesto uso del aeropuerto mallorquín de Son San Joan por aviones de la CIA para el traslado de presos una vez adquiera firmeza el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declara competente para investigar los hechos.
Según el texto de la misiva, el Ministerio Fiscal actuará en la Audiencia Nacional "impulsando la investigación a que se refiere dicha causa, con el objeto de concretar las circunstancias en las que se desarrollaron los vuelos que utilizando el aeropuerto de Palma de Mallorca, presuntamente pudieron transportar a personas ilícitamente detenidas".
La carta no ha podido ser redactada por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, por encontrarse éste fuera de España, según informó la Fiscalía General. Su contenido pone al corriente a Llamazares del estado de las actuaciones judiciales en la Audiencia Nacional, donde llegaron tras aceptarse la inhibición presentada por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca, así como de otras diligencias de investigación abiertas por fiscalías de otros territorios españoles.
Añade que el Ministerio Fiscal que, pese a mantener un criterio contrario a la investigación de los hechos en la Audiencia, "mantendrá su posición activa en cuanto a la expresada investigación ante cualquiera que resulte el órgano jurisdiccional competente, toda vez el principio de dependencia jerárquica que también informa a esta Institución vincula a todos su órganos en el territorio nacional".
Según el teniente fiscal del Supremo, la Fiscalía General tiene el "firme propósito" de velar para que en todos aquellos acontecimientos en los que el Ministerio Fiscal tiene legalmente atribuida intervención "se ejerciten las acciones que aseguren el debido cumplimiento de las garantías constitucionales y de la legislación vigente".
DILIGENCIAS TRAMITADAS.
La carta informa a IU de que la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Canarias tramitó diligencias de investigación a partir de la información recabada sobre supuestos vuelos de la CIA "siendo infructuosas las gestiones realizadas para su acreditación", por lo que se decretó el archivo de las mismas el pasado 18 de mayo.
También incoó diligencias la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que actualmente se encuentran en tramitación, "aunque hasta la fecha las actuaciones practicadas no evidencian la utilización de los aeropuertos de esa provincia para el traslado de detenidos ilegalmente, figurando como vuelos pertenecientes a compañías privadas", detalla Martín-Casallo. Igualmente, existen diligencias abiertas en la Fiscalía de Málaga y en la de Barcelona.
TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA.
Sobre la causa que ha terminado en la Audiencia Nacional, la carta detalla que, tras una información publicada en el Diario de Mallorca los días 12 y 13 de marzo de 2005, la Fiscalía de Baleares abrió una investigación que finalmente fue archivada, "después de llegar a cabo una extensa investigación sin obtener resultado indiciario alguno respecto de la comisión de la actividad ilícita investigada".
Estas actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca después de que éste iniciara su propia investigación tras recibir una denuncia de particulares. El titular de este juzgado, Antonio Garcías, acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, y la Audiencia Provincial de Baleares confirmó la procedencia de dicha inhibición, que finalmente ha sido aceptada por el juez Ismael Moreno.
La Fiscalía General recuerda, en relación con dicha inhibición, que el Ministerio Público considera que la denuncia no reunía los requisitos regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial para declarar la competencia de la Audiencia Nacional.
"Dicha argumentación se ha mantenido en virtud del principio de unidad de actuación que (...) vertebra la institución del Ministerio Fiscal, lo que no afecta a su total implicación en la investigación de los hechos denunciados", subraya Martín-Casallo.
