CIEMPOZUELOS, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Uno de los peritos independientes llamado hoy a testificar ante el juez por el "caso Ciempozuelos", Alejandro Arca, de Plarquin Consultores, destacó que con las normas subsidiarias ya existentes en 1994 se podía haber desarrollado el suelo urbano "en las mismas condiciones y con mayor celeridad" que con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según explicó a la salida del juzgado el abogado del ex alcalde Joaquín Tejeiro, Julio Aranda.
Para el letrado, esto determina que "no hay apariencia de ningún tipo de beneficio" para la constructora Esprode. El abogado de la empresa, Alfonso Trallero, matizó que, al ser preguntado el perito sobre si el PGOU serviría para acortar plazos, éste contestó que "al revés", porque, a su juicio, con menos requisitos "se podría haber desarrollado el suelo urbanizable directamente, sin necesidad del PGOU".
"Desde Esprode resulta inconcebible que se haya podido satisfacer ninguna comisión, y menos de 40 millones de euros, para conseguir algo del Ayuntamiento de Ciempozuelos que ya se tenía", explicó Trallero.
El abogado de la constructora hace referencia al Sector 2-Cerro de los Sotos, centro del "caso Ciempozuelos", ya que en el supuesto contrato suscrito por el ex alcalde Joaquín Tejeiro con la constructora Esprode se pactaba una comisión de 40 millones de euros por recalificar unos terrenos que la promotora tiene en dicho sector.
Alejandro Arca fue uno de los redactores del PGOU de Ciempozuelos y trabajador de Plarquin Consultores, la empresa que fue recomendada por el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, cuando abandonó la redacción del Plan para incorporarse a la Comunidad de Madrid.
Se da la circunstancia de que Arca, una vez redactado y aprobado el Plan por parte del Ayuntamiento, es contratado por Esprode para hacer el desarrollo posterior de los sectores en los que la constructora tiene intereses urbanísticos "aprovechando los especiales conocimientos de Arca en la redacción del PGOU", puntualizó Aranda.
"NO HUBO FAVORITISMOS"
Otro de los peritos llamados a declarar, Luciano Parejo, del Instituto Pascual Madoz, de la Universidad Carlos III de Madrid, declaró que el procedimiento por el que se tramitó el PGOU fue correcto y que "no hubo favoritismos porque el diseño del Plan no tenía la posibilidad de favorecer a una empresa o particular", según el abogado de Tejeiro.
El abogado del PP, Juan Ramón Montero, destacó que los peritos señalaron el cambio de modelo en el planeamiento del Sector 2, que pasó de viviendas unifamiliares a edificios para aumentar la edificabilidad de la zona.
Montero puntualizó que el Sector 2, cuya competencia para decidir su característica de urbanizable es del Ayuntamiento, es un terreno agrícola con "con una enorme importancia ecológica" al limitar con una ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) ya que emplean los campos de cereales existentes para alimentarse. La comparencia del perito Luis Lasso, de Lasso Consultores, fue finalmente pospuesta para otro día aún sin fecha.
