HUELVA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número uno de Huelva ha condenado a tres años de prisión a un empresario y su esposa por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales en concurso medial con un delito de continuidad de estafa en la venta de motores de embarcaciones.
Según la reza la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el empresario, cuya identidad responde a las iniciales A.P.P, y su esposa, M.A.C.M, han sido condenados además a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 14 euros, ascendiendo su importe total de 5.040 euros con seis meses de responsabilidad personal subsidiaria en el caso de impago, previa excusión de sus bienes.
Asimismo, establece en materia de responsabilidad civil, condena a los acusados a abonar solidariamente el coste de la legalización de los 47 motores afectados, así como fija el pago de la diferencia de precio existente entre el motor abonado y el motor realmente recibido, a la par que acuerda la entrega a cada perjudicado de la posesión definitiva del motor recibido.
Como hechos probados, el Juzgado considera que los dos acusados, propietarios de la entidad mercantil Tadena Sur S.L dedicada a la comercialización, mantenimiento y reparación de embarcaciones, motores y productos relacionados con la naútica, transmitieron esta sociedad en escritura pública a S.J.M.C en representación de la empresa Sol-Luna Importaciones S.L, aunque hasta su transmisión los acusados gestionaban y representaban conjuntamente la empresa, siendo el empresario quien atendía a los clientes y su esposa la encargada de formalizar la documentación y contabilidad empresarial.
De este modo, estima que con "un plan preconcebido" entre los años 2011 y 2007 a través de su actividad en dichas empresas a "realizar ventas de motores de menor potencia que los adquiridos y cobrado a los compradores, evitando reflejar en la mayoría de las facturas emitidas el número de serie del motor con ánimo de engaño para evitar comprobaciones, llegando incluso a imitar la firma de algunos compradores, además llegando a alterar en algunos la documentación reglamentaria de Capitanía Marítima". Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
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