MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Compromís considera "una broma de mal gusto" que el Congreso haya activado ahora, a diez días de su disolución, la puesta en marcha de la comisión de investigación que se acordó crear hace meses sobre el proyecto Castor.
Aunque la creación de esta comisión de investigación fue acordada por el Pleno del Congreso en septiembre de 2018, no ha sido hasta esta semana cuando se ha pedido a los grupos parlamentarios que comuniquen sus representantes, un trámite que es paso previo a sesión constitutiva.
También en septiembre se aprobó crea otra comisión de investigación sobre el instituto de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que expidió los controvertidos títulos de máster de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.
Ni una ni otra comisión tendrán más recorrido parlamentario, ya que la disolución de las Cortes programada para el 5 de marzo por el anticipo electoral borrará todos los acuerdos al respecto adoptados por el Congreso.
LO VOLVERÁN A PEDIR TRAS LAS ELECCIONES
Compromís, que pidió la comisión sobre el proyecto Castor junto con Unidos Podemos, ya anuncia que en el Congreso que salga elegido en los comicios del 28 de abril volverá a pedir la apertura de esta investigación.
La diputada de Compromís por Castellón, Marta Sorlí, lamenta que el Congreso haya activado los trámites "fuera de tiempo" y considera "una broma de mal gusto" pedir ahora a los grupos que acrediten a sus representantes.
El objetivo de la investigación era esclarecer las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén del gas Castor que se instaló frente a las costas de Vinaroz.
Según Sorlí, "la investigación de los chanchullos del Castor no conviene ni al PP ni al PSOE" y por eso "no sorprende que los plazos se hayan eternizado y la comisión nazca muerta". "Tanto el PP como el PSOE han protegido mucho al señor Florentino Pérez", ha añadido, recordando que "la empresa ACS se llevó más de 2.400 millones de euros por un proyecto fallido".
