Una enmienda introducida en el Senado obliga al Tribunal de Cuentas a anticipar a los partidos su tope de gasto para cada campaña
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados dará este jueves luz verde definitiva a las tres principales leyes que el Gobierno presentó en su día como sus medidas estrella contra la corrupción: la nueva ley que regula la actividad económica de los partidos --que modifica la Ley de Partidos, la de financiación y la del Tribunal de Cuentas--, el Estatuto del Alto Cargo y la reforma del Código Penal.
Las tres leyes llegan desde el Senado, donde se han introducido una serie de enmiendas puntuales que son las que habrá de votar la Cámara Baja.
Así, el Senado aprobó una enmienda para obligar al Tribunal de Cuentas a que, antes de unos comicios de cuya fiscalización vaya a ser competente, comunique el límite de gasto electoral que va a tener cada partido en esa campaña.
Hasta ahora el Gobierno publica antes de las elecciones un decreto en el que fija la subvención por escaño y voto y actualiza la cifra del tope de gasto electoral en función de una serie de variables y después el fiscalizador analiza si los partidos han superado o no ese tope.
Además, la Cámara Alta abrió la puerta a que las formaciones que en su momento vieron denegadas peticiones para que se les devolvieran derechos o bienes que les habían sido incautados por el bando franquista durante la Guerra Civil puedan solicitar ahora la revisión de aquellas decisiones en determinados casos.
ACUERDO ENTRE PP Y NACIONALISTAS
La ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que cuenta con el respaldo de PP y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, impone a los partidos políticos y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna. Entre otras cosas, prohíbe condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.
La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.
Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.
Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).
Por su parte, la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración, que ha ido avanzando con los votos de PP y nacionalistas y la abstención del PSOE, fija los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.
El PP acordó además con CiU y PNV dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades, lo que facilitó el apoyo de las formaciones nacionalistas.
