El Congreso plantea criterios más restrictivos en la venta de material antidisturbios como el que se exporta a Venezuela

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados estudiará este miércoles solicitar al Gobierno que aplique un criterio "más restrictivo" en la venta de material antidisturbios y de uso policial, como el que se exporta a Venezuela. En concreto, planteará que se considere "la situación de los derechos humanos y la naturaleza democrática del país importador" con el objetivo de evitar transferencias de este tipo a "algunos países que sufren un deterioro democrático evidente".

Esta es una de las peticiones incluidas en el texto que están negociando los grupos, al que ha tenido acceso Europa Press, y que incluye además la posibilidad de que la Comisión de Defensa elabore una "lista" de países que, a su juicio, no reúnen los estándares adecuados para el libre comercio de estos materiales y que pueda servir a las autoridades españolas de control como un instrumento adicional para la valoración de las operaciones de exportación.

Según explicó el pasado mes de junio en la Cámara Baja la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, al presentar el informe sobre la venta de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, las exportaciones de este sector a Venezuela consisten "básicamente en material antidisturbios". En concreto, las cifró en el "importe no sustancial" de 841.000 euros y aseguró que su destino eran "las fuerzas armadas y policiales".

Iranzo insistió en que se trata un material "del que disponen todos los países del mundo, los más democráticos y los menos democráticos" y aseguró que hasta donde el Ejecutivo sabe "esta exportación no ha sido utilizada y no va a ser utilizada con fines de represión interna del Gobierno venezolano".

ATENCIÓN A "DESTINOS PREOCUPANTES"

El acuerdo que podría salir mañana de la Comisión de Defensa también incluye una petición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que deniegue las operaciones de venta de material de defensa, seguridad y doble uso a "destinos preocupantes". Sugiere que estas negativas se hagan "con carácter preventivo", lo que conllevaría "analizar caso a caso cada propuesta de operación, teniendo en cuenta la situación del país de destino de acuerdo a informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, así como su evolución.

Fuentes socialistas y 'populares' confirmaron a Europa Press que el texto propuesto recoge "bastante bien" las aspiraciones de sus grupos y confiaron en la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque las negociaciones no culminarán hasta mañana.

Además de las propuestas referidas, el texto que se someterá a debate incluye otras peticiones que, entre otros aspectos, se refieren a la introducción de criterios de verificación y seguimiento "más restrictivos" que los aplicados actualmente por el Gobierno para evitar que el material de doble uso llegue a "importadores de los que exista fundada sospecha que están embarcados en la fabricación clandestina de armas NBQ".

Entre los receptores de material de doble uso exportado por España se encuentra Irán, aunque, según explicó la secretaria de Estado de Comercio, se ha "comprobado ampliamente" que los envíos a la República islámica --tubos de acero y válvulas para las industrias del automóvil, petrolífera y del gas, así como repuestos, herramientas y accesorios de turbinas para estos sectores-- han tenido un uso civil.

Igualmente, el texto que se someterá a debate incluye la solicitud de verificación de la situación de los países de destino de estas exportaciones y suspender las autorizaciones de venta concedidas pero no realizadas cuando la situación sobre el terreno se agrave y existan riesgos que se puedan utilizar para violar los derechos humanos.

También pide que se concrete y detalle en mayor medida en futuros informes el destino y uso final del material exportado bajo la denominación de 'armas de caza, deportivas y municiones', dada la "amplia y significativa diferencia que pueda existir entre los diferentes tipos de armas y calibres encuadrados en este apartado".

En otro punto que será discutido, piden que se revisen y mejoren los instrumentos de aplicación y de intercambio de información sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infringir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Durante la comparecencia de la secretaria de Estado en la Comisión de Defensa el pasado mes de junio, PP, CiU y UPyD criticaron las exportaciones a Marruecos, Irán y Venezuela y avisaron de que este tipo de material podría ser usado en contra de los derechos humanos.