El GRECO continúa preocupado por la autonomía del Ministerio Fiscal y por la transparencia en las comunicaciones entre Gobierno y FGE
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha lamentado este jueves que no se haya producido ningún cambio ni en el método de selección ni en la duración del mandato del Fiscal General del Estado en España, "una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal".
Así lo refleja en la recomendación novena del segundo informe de cumplimiento de España relativo a la prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales, aprobado en su 87 reunión plenaria de marzo de 2021.
En ese documento indica que previamente recomendó a España reconsiderar ese método de elección, establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno, y estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal.
Desde el GRECO indican que las autoridades españolas afirman que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, que se encuentra en una fase avanzada y que actualmente está a la espera de algunos informes consultivos antes de ser enviado al Consejo de Estado y luego al Consejo de Ministros para su aprobación, articula las normas sobre autonomía interna.
El grupo repasa las normas que incluye ese reglamento y añade que el proyecto debe "articular otras cuestiones como la autonomía interna y la comunicación dentro del servicio" y añade que si bien es un avance "todavía no ha sido aprobado" y "no se ha informado de novedades en relación con los aspectos específicos de la autonomía externa (...) cuya implementación sigue pendiente".
COMUNICACIÓN GOBIERNO-FISCALÍA
En este sentido, pone el foco en que la ley actual prevé la posibilidad de que el Gobierno sea informado sobre casos concretos que se están llevando a cabo en la FGE y que no exige que esa comunicación se haga pública ni que se registre por escrito. "Dado que la relación entre la FGE y el Ejecutivo es una cuestión que sigue siendo objeto de críticas públicas en España, en cuanto a la percepción de su independencia, la transparencia de la comunicación entre la Fiscal General y el Gobierno resulta clave", añade.
El GRECO además traslada sus dudas sobre el hecho de que "el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación de personal en las diferentes fiscalías, entre ellas la especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, ya que la autonomía de gestión es una garantía importante de la independencia y eficiencia del Ministerio Fiscal".
Y apunta que dado que en la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se da el liderazgo al fiscal en la instrucción, "la necesidad de garantizar la no injerencia de las presiones externas adquiere aún más importancia primordial". "Independientemente del modelo, es crucial para la confianza del público, y también para la confianza de los pares, que la instrucción sea, y parezca, imparcial, objetiva y libre de toda influencia indebida, especialmente de carácter político, en el desempeño de sus funciones", añade.
Por todo ello, incide en que es necesaria una reflexión por parte de las autoridades españolas sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas, y pide que se tenga en cuenta las recomendaciones realizadas "en relación con la cuestión de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política".
Tras esto, apunta que si bien la FGE, Dolores Delgado, "tiene la intención de seguir avanzando en las tres esferas abarcadas por esta recomendación novena mediante enmiendas al Estatuto del Ministerio Fiscal, ese proyecto "debe materializarse de manera eficaz". Y apunta que esta recomendación del GRECO continúa "parcialmente cumplida".
CÓDIGO ÉTICO Y DISCIPLINA
En relación a la recomendación décima, relativa a que se adoptara un código de conducta para los fiscales de fácil acceso para el público, y que se complemente con orientación dedicada a los conflictos de interés, el GRECO recuerda que España ha aprobado en 2020 el Código Ético del Ministerio Fiscal como resultado de un proceso participativo.
Apunta que ese código va unido a un canal de asesoramiento, la Comisión de Ética, que estará integrada por fiscales elegidos por sus pares y por al menos un experto externo (no un fiscal). Valora la publicidad que se ha dado al mismo por la web del Ministerio Fiscal y los planes de formación a los fiscales sobre ese código de conducta. El GRECO ve con satisfacción los pasos dados en este sentido y considera que esa recomendación "se ha cumplido satisfactoriamente".
En cuanto a la recomendación XI, el grupo recuerda que instó a elaborar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal. Dice que desde España se remiten al proyecto de Reglamento del Ministerio Fiscal, que incluye una sección específica (título IX) sobre el régimen disciplinario de los fiscales.
Resalta que el régimen disciplinario de los fiscales "requiere una profunda revisión, como también reconocieron las autoridades españolas durante el proceso de evaluación/cumplimiento" y lamenta que los planes para reformar el marco normativo del Ministerio Fiscal, si bien avanzan, todavía no hayan dado resultados tangibles". Por eso, concluye que la recomendación "continúa parcialmente cumplida".
