Afirma que el TSJPV "no tiene competencia para ejecutar la sentencia" de ilegalización y ha impedido a Ibarretxe iniciativas para la paz
BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa del lehendakari, Juan José Ibarretxe, considera necesario que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su antecesor en el cargo, testifiquen en el juicio que se celebre contra él en el TSJPV por reunirse con Batasuna, para que informen sobre "la legitimidad del diálogo" para acabar con ETA y lograr la paz. Además, afirma que el alto Tribunal vasco "no tiene competencia para ejecutar" la sentencia de ilegalización y que ha impedido a Ibarretxe abordar iniciativas en favor de la pacificación.
En sus conclusiones provisionales, la representación legal del lehendakari pretende que Zapatero y Aznar expongan la experiencia "de los gobiernos españoles democráticos" en los procesos de contactos y negociación con ETA y Batasuna "que han protagonizado".
Asimismo, pide que, además de Zapatero y Aznar, "que han hablado con ETA y con Batasuna", acudan como testigos a la vista oral el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ex responsable de esta cartera Jaime Mayor Oreja, el ex asesor de Aznar, Javier Zarzalejos, el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, además de los líderes del PNV, EA y EB, Josu Jon Imaz, Begoña Errazti y Javier Madrazo, respectivamente. También reclama la comparecencia de otros parlamentarios como Joseba Egibar (PNV), Unai Ziarreta (EA), Antxon Karrera (EB) y la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao.
Asimismo, solicita que ofrezcan su testimonio mediadores en conflictos internacionales -algunos de ellos miembros del grupo de expertos que rodean a Ibarretxe-, como el ex ministro sudafricano Roelf Meyer, el director del 'Centro Carter' de resolución de conflictos, Harry Barnes, el miembro del Congreso Nacional Africano Mathews Phosa, el miembro de la comunidad de San Egidio, Mateo Zuppi, el abogado sudafricano Brian Currin, la ex embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nancy Soderberg, o el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
La defensa de Ibarretxe pretende demostrar, con la citación de estos testigos -que el Tribunal enjuiciador determinará si acepta cuando se constituya- que el diálogo político es aceptado en todos los ámbitos y no puede ser "criminalizado" ni objeto de castigo penal.
El texto subraya que, después del alto el fuego de ETA de marzo de 2006, "a nivel internacional, estatal y del País Vasco, y con una amplia participación de todo tipo de sectores representativos de la sociedad", se desarrollaron iniciativas para impulsar la nueva situación sociopolítica y tratar, "a través del diálogo sin exclusiones, de contribuir entre todos a la consecución de la paz".
Asimismo, recuerda que, antes, existió una declaración del Congreso de mayo de 2005 que apostaba por "un final dialogado", fundamentado "en una clara voluntad" de ETA para poner fin a su actividad violenta, texto, a su entender, similar al documento del Pacto de Ajuria Enea.
De esta forma, señala que "se constataba, en el momento de los hechos objeto de la querella, la necesidad asumida por la mayoría de las fuerzas políticas democráticas" de articular un diálogo "sin exclusiones".
Por ello, "dada su condición de jefe de Gobierno", y de "garantizar el cumplimiento del acuerdo de coalición" del Ejecutivo autónomo, Ibarretxe inició una ronda de contactos con los líderes políticos y de diferentes "sensibilidades" para contruir entre todos "un camino para la paz".
En ese marco, se celebraron encuentros "con varios líderes naturales de la denominada izquierda abertzale", concretamente, los días 19 de abril de 2006 y el 22 de enero de 2007, "por ser dicho espectro ideológico una sensibilidad política más existente en la sociedad vasca y que debiera ser partícipe del proceso de paz".
FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO
En esta línea, precisa que el lehendakari sólo ha desempeñado "su cargo" y ha cumplido "fielmente con su deber institucional". "Con su acción ha pretendido fortalecer el Estado de Derecho por vías legítimas y democráticas, tratando de que sólo el diálogo y la política sean las vías que utilicen todas las sensibilidades ideológicas para defender sus postulados, lo que sin duda no iría en contra de lo pretendido por el Tribunal Supremo en la sentencia de ilegalización de Batasuna", señala.
A su entender, el procesamiento "ha supuesto no poder desplegar en toda su extensión sus compromisos de Gobierno" y cuantas acciones políticas "fueran adecuadas para afrontar un verdadero proceso de paz y de normalización".
La representación legal de Ibarretxe señala que "el refrendo judicial que, a nivel estatal, han tenido actuaciones políticas similares a las desplegadas por el lehendakari, tanto por parte del Tribunal Supremo como de la propia Audiencia Nacional", descarta "de una manera rotunda, reiterada e indubitativa la existencia de delito alguno".
Además, considera que estas resoluciones advierten de forma "severa" de que "pretender trasladar, a través de denuncias penales desmedidas, el control judicial a lo que propiamente sería una actuación política es un fraude al Estado de Derecho, toda vez que dicho control correspondería legítimamente al Parlamento y no al Poder Judicial".
El escrito indica, además, que la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo, que decretó la ilegalización de Batasuna, "no dio orden expresa, concreta y directa al lehendakari para que anulara o suspendiera la reunión" con Batasuna. "Tampoco el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -que dictó la suspensión de las actividades de Batasuna- dirigió al lehendakari requerimiento alguno", apunta.
En este sentido, acusó al Foro de Ermua y Dignidad y Justicia de pretender ahora, "de manera indebida y torticera, activar un proceso penal y buscar responsabilidades ante un órgano judicial que no tiene competencia para ejecutar la sentencia de ilegalización reseñada".
Recuerda que "no es la primera ni la última vez que se han llevado a cabo acciones políticas similares" porque "los Gobiernos estatales anteriores" del PP y del PSOE dialogaron "con el entorno de Batasuna y dirigentes de ETA" para buscar "soluciones pacíficas al conflicto armado".
Por ello, afirma que los hechos no son constitutivos del delito de desobediencia previsto en el artículo 556 del Código Penal porque no ha habido requerimiento por el órgano judicial competente "dirigido específicamente al sujeto que debe obedecer" y que, "bajo ningún concepto es jurídicamente aceptable que El Foro de Ermua pueda requerir al lehendakari para no reunirse con quien éste considere oportuno". Además, indica que "la intención de eludir el mandato debe ser exteriorizada para reflejar un ánimo de transgredir, un deseo de desviarse de forma desafiante".
SOBRESEIMIENTO
En su escrito, la defensa de Ibarretxe se adhiere al excrito de la Fiscalía que solicita la absolución para los acusados y plantea, como cuestión previa, que el hecho de que se proceda a la apertura de juicio oral en ausencia de acusación particular, produce "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales y a tener un juicio con todas las garantías".
Tras señalar que la Fiscal-jefe del TSJPV, María Angeles Montes, sostiene una posición "clara, pública y reiterada" en favor del sobreseimiento y archivo de la causa, cree que "el procedimiento debe decaer por un doble motivo: "la ausencia de indicios de delito" y la ausencia de acusación particular "que sostenga la acción penal".
Por ello, cree que el juez-instructor, Roberto Sáiz, está "abocado necesariamente a denegar la apertura de juicio oral, cosa que, sin embargo no ha ocurrido así, fiando tal cuestión a que sea en el ámbito de la vista oral donde debe plantearse tal cuestión previa".
