El delegado del Gobierno ordena recurrir la consulta sobre el TAV del Ayuntamiento de Elorrio, gobernada por ANV

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir la consulta sobre el Tren de Alta Velocidad convocada por el Ayuntamiento vizcaíno de Elorrio, gobernado por ANV. Además, solicita la suspensión cautelar del acuerdo municipal hasta que se dicte sentencia porque "vulnera el ordenamiento jurídico" y no ha contado con "la autorización del Gobierno de la Nación".

En un comunicado, Luesma explica que ha decidido impugnar la decisión del Consistorio Elorrio de realizar una consulta popular en el municipio sobre el Trazado de Alta Velocidad, "un proyecto de especial importancia para el futuro del País Vasco, para su desarrollo económico y social al mejorar sus comunicaciones internas, con el resto de España y de Europa, y que cuenta con el respaldo del Gobierno de España y que es apoyado mayoritariamente por la sociedad vasca".

A su juicio, este acuerdo municipal "vulnera el ordenamiento jurídico", por lo que ha decidido recurrirlo ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. "En concreto, es preciso reiterar que la legislación sobre régimen local establece como requisitos para la realización de una consulta de este tipo que la misma debe versar sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, requiere el previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y la autorización del Gobierno de la Nación", asevera.

Tras recordar que "no existe constancia de dicho acuerdo ni se ha autorizado por el Gobierno la consulta prevista para el 2 de diciembre, resulta evidente que su celebración vulnera la legislación vigente" y, por ello, lo impugna, solicitando su suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia.

RESPETO A LA LEY

Paulino Luesma apunta que "las decisiones que adopten los ayuntamientos, como cualquier otra institución, deben ser escrupulosamente respetuosas con el ordenamiento jurídico". "Las actuaciones de las corporaciones locales, como no puede ser de otra manera, han de observar una adecuación total al principio de legalidad", apuntó.

Además, subraya que la Delegación del Gobierno en el País Vasco "va a seguir estando especialmente vigilante para que, desde ningún ayuntamiento, se vulnere lo que las leyes establecen". "Frente a cualquier vulneración, se pondrán en marcha las actuaciones legales que, en cada caso, correspondan. Así se hizo por dos ocasiones en el caso de Aramaiona, en Álava y de Anoeta, en Gipuzkoa", concluyó.