Economía/Macro.- El Congreso rechaza una propuesta de PP y ERC para reducir los eventuales de la Administración

Joan Ridao (ERC) en el Congreso en el Debate
EP
Actualizado: martes, 28 septiembre 2010 21:40

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por 169 votos en contra, 161 a favor y doce abstenciones una iniciativa pactada entre PP y ERC que insta al Gobierno a aprobar en el plazo de tres meses una normativa para establecer el número máximo de puestos de trabajo reservados al personal eventual de que puede disponer cada Ministerio, al tiempo que volvía a exigir la supresión de los departamentos de Cultura, Vivienda e Igualdad.

El PP inicialmente pedía la reducción en un plazo de tres meses del 50% del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado, una medida que a su juicio permitiría ahorrar 20 millones de euros prescindiendo de unos 437 empleados, si bien renunció a esta propuesta para alcanzar un acuerdo con los republicanos que les permitiera sumar apoyos del resto de grupos de la oposición.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, había calificado de "inconveniente y arbitraria" la idea, si bien incidió en la necesidad de impulsar una verdadera reestructuración de la Administración Pública, incluyendo la reducción de ministerios como le han pedido varias iniciativas aprobadas a instancias de ERC y PNV.

En cualquier caso, el diputado 'popular' Miguel Barrachina ha denunciado que desde el 2007 el gasto del personal eventual se ha disparado en un 23,67%, pasando a suponer un coste de 36 a 45,2 millones de euros para el Estado, para una plantilla que alcanza las 875 personas.

A su juicio, la labor de los asesores y miembros de los gabinetes ministeriales puede "verse desvirtuada" cuando se utiliza como "instrumento de colocación laboral o fidelización política", que provoca un aumento "desmesurado de sus efectivos" no justificado por las tareas reales que realizan.

El socialista José Antonio Pérez Tapias calificó de "inaceptable" la propuesta del PP, que resulta "discriminatoria" entre la Administración Central y la autonómica.