Ekin.- Un acusado sostiene que si ETA defendiese la desobediencia civil, "dejaría de ser ETA"

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la fundación Joxemi Zumalabe y acusado en el 'macrojuicio' contra el supuesto entorno de ETA Mario Zubiaga rechazó hoy en la Audiencia Nacional la tesis del fiscal de que la fundación impulsó el "proyecto de desobediencia civil" de la organización terrorista, puesto que si ETA practicase este tipo de reivindicaciones "dejaría de ser ETA".

En este sentido, Zubiaga afirmó ante la Sección Tercera de lo Penal que "lo que hace que ETA sea ETA son los medios que utiliza, no sus objetivos ni sus fines", por lo que si la banda se convirtiese en un "agente social desobediente, ETA ya no sería ETA". Asimismo, y al igual que el resto de imputados de la fundación Joxemi Zumalabe, rechazó que ésta impulsase la desobediencia civil, y menos que lo hiciese por órdenes de la organización terrorista, puesto que "la violencia y la desobediencia no pueden ser complementarias".

El acusado, profesor de ciencia política en la Universidad del País Vasco, consideró que un Estado "es más democrático cuanto más asume la práctica de la desobediencia civil". Por ello, aseguró que tiene "esperanza" en que se ponga fin al juicio, y se acabe con la lógica de la "democradura", según la cual "el que no está con el sistema, es violento y terrorista".

Zubiaga, para quien el fiscal pide una condena de 12 años de prisión por un delito de integración en banda armada, sostuvo que la labor de la fundación Joxemi Zumalabe respecto a la desobediencia civil se limitó a la participación en unos coloquios sobre este asunto. Una de las causas de esta convocatoria, prosiguió, fue la tregua de ETA de 1998, puesto que los movimientos sociales del País Vasco se preocuparon al ver que en un "proceso de cambio político", las decisiones eran tomadas por "élites políticas".

Además, el propio acusado consideró que su imputación en el 'macrojuicio' se produjo por la "presión social y el clima de alarma", creados por los medios de comunicación, que, según él, impidieron que los jueces archivasen la causa, a pesar de que considera que no existen pruebas que le vinculen de ninguna forma con ETA.

Asimismo, criticó la "prueba diabólica" a la que somete a los acusados, ya que, en su opinión, son los propios imputados en el 'macrojuicio' los que tienen que demostrar que no pertenecen a ETA, y no la acusación, lo que calificó de situación "kafkiana e inquisitorial". "Es más, si decimos que no somos de ETA, se considera una prueba de que somos más de ETA todavía", añadió.

ENFRENTAMIENTO ENTRE FISCAL Y ABOGADO

Asimismo, al comienzo de la declaración del también acusado Alberto Frías, se produjo un enfrentamiento verbal entre el fiscal Enrique Molina y el abogado del imputado, José María Elosúa. Nada más ponerse de pie para declarar, el miembro de Joxemi Zumalabe protestó porque, según dijo, su nombre sólo aparece en el escrito de acusación del fiscal, de 172 páginas, para pedir que se le condene a 12 años de cárcel por integración en ETA, sin hacer referencia a ningún hecho o prueba que pueda implicarle en la banda.

Por este motivo, cuando se le preguntó al acusado si iba a responder a las preguntas del Ministerio Público, Frías contestó que sólo le respondería si a cambio*el fiscal Enrique Molina detallaba los hechos por los que le imputa, y que necesita, según él,*para su defensa. Molina, por su parte, afirmó que el acusado, a pesar de ser letrado, "desconoce los procedimientos básicos de la vía penal" y, añadió que como fiscal no tenía que responder a ninguna pregunta porque "todavía no es objeto de acusación en este juicio".

A continuación, el abogado defensor apoyó la petición de su cliente y calificó de "impertinentes" las preguntas que leyó el fiscal, a lo que éste respondió que está "asistiendo a un interrogatorio ?del letrado defensor- cansino, en el que las impertinencias son continuas, y las preguntas son capciosas".

Tras el incidente, el acusado comenzó su declaracion asegurando que "jamás ha tenido ninguna relación con cualquier organización no sólo ilegal, sino también alegal", después de lo cual añadió que no le "interesa" la desobediencia civil, argumento que sostienen las acusaciones para implicar a la fundación Joxemi Zumalabe en el entramado terrorista de ETA.

Asimismo, Frías subrayó que la fundación "no era un sujeto político, sino que sólo actuaba como intermediadora entre diferentes organizaciones", por lo que no impulsaron ninguna medida concreta a favor de la desobediencia civil. También aseguró que se enteró de su procesamiento, dos horas después de comparecer ante el juez Baltasar Garzón, a través de la radio. Por ello, instó al tribunal a que "investigue" las filtraciones que se han producido en las diferentes fases del 'macrojuicio' ya que, añadió, produjeron muchos "daños y perjuicios a su imagen, su intimidad y su honor".

CONCENTRACIÓN DE APOYO

Asimismo, antes de comenzar la sesión, unas 50 o 60 personas de diferentes colectivos sociales del País Vasco se concentraron frente a la sede de la Audiencia Nacional habilitada en la madrileña Casa de Campo para celebrar el 'macrojuicio', para protestar contra el 'macroproceso' y contra la "conculcación de derechos que lleva a cabo la Audiencia Nacional, entre ellos, el derecho a organizarse y el derecho de disidencia".

Durante la protesta, los convocantes leyeron una "declaración de representantes del movimiento popular" en nombre, según dijeron, de unas 200 agrupaciones sociales de Euskal Herría, en la que reivindicaban "el derecho de cualquier persona u organización a tener un proyecto político y social", y criticaban que "en estos macro-sumarios, además de juzgar a personas y organizaciones, se está juzgando toda una manera de ser".

El próximo lunes por la mañana se reanudará el juicio con la declaración de la última acusada en la pieza correspondiente a la fundación Joxemi Zumalabe", Olatz Altuha, para quien el fiscal pide una pena de 10 años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.