Caamaño replica que la anulación de juicios es "un imposible jurídico" porque la Ley de Memoria ya dejó sin efectos las sentencias
MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardà ha vuelto a reclamar hoy al Gobierno que facilite la anulación del juicio que condenó a muerte al presidente de la Generalitat durante la Segunda República, Lluís Companys, para que su nombre se borre definitivamente del registro de penados y rebeldes del Ministerio de Justicia. Uno de los argumentos utilizados por Tardà es que hasta al Rey "se le dio una segunda oportunidad" permitiéndole que renegara de los principios del Movimiento Nacional que juró en su momento.
Tardà dirigió esta petición al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el transcurso de una interpelación en el Pleno del Congreso. El próximo martes, los republicanos plantearán ya a votación en el hemiciclo un texto concreto solicitando al Gobierno que inste a la Fiscalía la anulación de todos los juicios políticos de la dictadura.
El diputado republicano recordó que hace ya seis años que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió en el Castillo de Montjuic, donde fue fusilado Companys, a anular la resolución que le condenó, y también se quejó de que ningún miembro del Ejecutivo participara en el homenaje que la Generalitat brindó el año pasado al "único presidente del Gobierno asesinado en la Europa de los años 30".
Pero Tardà no sólo habló de Companys, sino que hizo extensiva su petición de anular los juicios a todas las víctimas del franquismo, a cuyos familiares, denunció, se somete "a un laberinto" que acaba una y otra vez ante el muro de los tribunales, que se niegan a revisar esos procesos.
MELITÓN MANZANAS SÍ Y PUIG ANTIC NO
Además, advirtió de que está discriminando a las víctimas del franquismo frente a las del terrorismo porque a las primeras se las olvida y sólo se reconoce a las segundas. Tardà citó varios ejemplos como el del jefe de la Brigada Político Social de Guipúzcoa Melitón Manzanas, al que, según recordó, el Tribunal Supremo le otorgó el beneficio de la duda al sostener que, de no haber sido asesinado por ETA, podría haber asumido los valores democráticos.
Pero para el diputado de ERC, el "ejemplo paradigmático" es el del Rey: "¿Acaso al actual jefe del Estado la Historia no le dio una segunda oportunidad para evolucionar hacia la democracia? ¿Acaso no juró los principios Movimiento (Nacional) y no bendijo desde el balcón del Palacio de Oriente los asesinatos de Estado de 1975?", se preguntó.
Y aún abundó más: "Quien colaboró con el fascismo hoy es jefe del Estado y ha tenido la oportunidad que este Estado niega a Companys, que todavía hoy consta con acusado de rebelión". "¿Por qué él sí, por qué Melitón Manzanas y Carrero Blanco sí y los guerrilleros Salvador Puig Antich y Julián Grimau no?", espetó Tardà a Caamaño.
NADA CON MÁS VALOR QUE UNA LEY
El ministro admitió que el "imperativo ético del presente" es honrar a las víctimas de los "hechos del pasado" a los que aludió Tardà, pero se esforzó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.
"La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.
En la misma línea, el ministro hizo hincapié en que la Ley de Memoria declaró la ilegitimidad de los tribunales franquistas que dictaron ese tipo de fallos, además de la de la propia sentencia y que incluso derogó las leyes en las que se basaron.
"En democracia no hay acto más solemne y democrático que aquel que se aprueba en el Parlamento, que es el que ha privado de eficacia jurídica aquellos actos. Políticamente no existe declaración más significativa y jurídicamente no existe declaración con más valor. puesto que se ha incluido en una ley que obliga a todos los poderes públicos", añadió Caamaño.
LO QUE SE AVECINA DESDE ARGENTINA
Tras toda esta explicación, concluyó que la sentencia que condenó a muerte a Companys "está privada de todo efecto jurídico desde la entrada en vigor de la ley" e incidió en que "algo ilegítimo es algo mucho más que nulo", pero no logró convencer a Tardà, que insistió en la necesidad de una nulidad jurídica total que haga que Companys siga figurando "como un delincuente" en el registro de Justicia.
En este contexto, puso fin a sus reivindicaciones ofreciendo al Gobierno la posibilidad de buscar un pacto sobre esta cuestión que sirva también para que el Gobierno pueda afrontar mejor "lo que se le avecina desde Argentina", en referencia a la investigación sobre los crímenes del franquismo abierta en aquel país. "Si no lo hacemos ahora, no lo haremos, porque cuando gobierne el PP no habrá nada que hacer", concluyó Tardà.
