SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ya detectó irregularidades en materia urbanística, similares a las que ahora están siendo investigadas a través de la operación 'Astapa' en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), durante la época en la que gobernó el municipio Jesús Gil Marín, hijo de Jesús Gil.
De esta forma, en el informe de 'Fiscalización de la adaptación al ordenamiento jurídico de los aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento de Estepona 1997-1998' aprobado por la Cámara de Cuentas en 1999, se apuntó el "incumplimiento generalizado" de los fines a que quedan adscritos los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, así como un "perjuicio económico" para los intereses de la Corporación, "al enajenarse bienes por valor inferior al de mercado e, incluso, por debajo del valor urbanístico".
Actualmente la Policía y las autoridades judiciales investigan a varios ediles del Ayuntamiento de Estepona por presuntos delitos relacionados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.
En el informe de la Cámara de Cuentas del año 1999, consultado por Europa Press, se concluyó que en la gestión de los aprovechamientos urbanísticos municipales llevada a cabo por los representantes del Ayuntamiento "se ha utilizado un entramado de operaciones mercantiles que intentan eludir la aplicación de las normas jurídicas a que están sujetas las corporaciones locales, y en la que han participado activamente las empresas municipales".
En aquel informe se indicaba que el Gobierno municipal de Gil Marín --que gobernó Estepona entre 1995 y 1999-- como consecuencia de la cesión de los aprovechamientos urbanísticos obtuvo, durante los ejercicios fiscalizados, parcelas valoradas en 1.347 millones de pesetas, de las que la mayoría se han permutado a las empresas públicas del Ayuntamiento mediante sucesivas ampliaciones de capital, por valor de 1.029 millones de pesetas.
ENAJENACIONES A UN PRECIO INFERIOR A SU VALOR.
El informe indicó que "en todos los casos las empresas municipales, previamente a la suscripción del capital social por el Ayuntamiento, habían llegado a acuerdos con empresarios particulares para trasmitirles los terrenos que obtendrían de éste para hacer frente al pago de deudas derivadas de la realización de determinadas obras".
De esta forma, las empresas públicas "han utilizado parte del patrimonio de la entidad local para realizar o llevar a cabo actuaciones que se deberían haber incluido en el presupuesto de la Corporación, y que poco tienen que ver con los fines a que deben destinarse los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo".
Asimismo, se apuntó en aquel informe que "la Corporación Local ha enajenado determinadas parcelas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo por precio inferior a su valor urbanístico, un hecho que conlleva un menoscabo del patrimonio municipal --cifrado en 566 millones de pesetas--", algo que a juicio de la Cámara de Cuentas, "pudiera ser considerado como responsabilidad contable al amparo de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas".
La Cámara de Cuentas agregó que en los demás supuestos analizados, "si bien se ha respetado el valor urbanístico, las ventas se han realizado por debajo del valor de mercado, produciéndose una minusvalía de 218 millones de pesetas".
