MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Manilva (Málaga) Pedro Tirado, al que se juzga en la Audiencia de Málaga por un delito de cohecho en relación con la operación urbanística desarrollada en la finca 'La Parrada' de dicho municipio, ha negado este viernes que recibiera dinero o regalos por su actividad pública o privada.
La Sección Octava de la Audiencia ha continuado la vista oral que se sigue contra el exregidor y otras tres personas más. El exalcalde se ha limitado a decir que no recibió "ningún regalo, ni dinero" ni de ninguno de los acusados ni de nadie "ni por mis actividades públicas o privadas" y se ha acogido a su derecho a no declarar.
El juicio ha continuado con la declaración de los agentes de la Policía Nacional que se encargaron de la investigación de esta causa, que derivó del caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales. Uno de los agentes ha explicado que se comenzó a investigar por la declaración que realizó en ese procedimiento el empresario acusado Aki Kujala.
A partir de ese momento, el juez instructor, ha explicado el agente, les encomendó que investigaran las manifestaciones de ese imputado, en las que dijo la comisión que había recibido por la operación en 'La Parrada', y ha intentado dejar claro que no sólo contaron con las escuchas telefónicas, que han sido impugnadas por las defensas, sino también con otros documentos.
También ha relatado el registro en la vivienda del exregidor y que "le sorprendió" encontrar una bolsa de una cámara de vídeo con "una cantidad enorme de dinero", en concreto, 762.102 euros, la mayoría en billetes de 500 euros. Ha dicho que había sobres, pero que no recuerda si estaban cerrados o no.
El funcionario policial ha asegurado que Tirado le dijo que eran aportaciones anónimas para su partido político, el Partido Democrático de Manilva (PDEM), misma explicación que dio éste en su declaración cuando comenzó el juicio en 2010, que este viernes no ha ratificado.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que la empresa Royal Marbella Estates, controlada por Kujala compró varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones, incremento que, según el fiscal, está "íntimamente relacionado" con un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento, con Tirado como alcalde, en agosto de 2004, que permite "aumentar la edificabilidad" de la parcela.
Para conseguir este aumento de la densidad de edificación, dice la acusación pública, Kujala y otro socio decidieron acudir al entonces alcalde para lo que "se valieron de la mediación del también acusado Francisco Calle", cuñado del exregidor, a quien el anterior le propuso "el pago de una importante cantidad de dinero para él y para su cuñado".
