De la Torre carga contra la "confusión", los "errores" de la AN y plantea si se ha dejado contaminar por la prensa
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre ha cargado contra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la "confusión", los "datos inexactos" y las afirmaciones "vacías de contenido" que ha plasmado en el auto en el que ordena reabrir la causa contra él por el uso de la 'tarjeta black'. "Es posible que la repercusión mediática de estos hechos haya contaminado lo que debería ser un análisis sereno y estrictamente jurídico", añade.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, De la Torre pide al juez Fernando Andreu la práctica de una serie de diligencias para confirmar su "inocencia". En concreto, solicita que Bankia aporte copia de las actas de las reuniones de la Comisión de Retribuciones desde 2006 y de las que mantuvo el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva sobre la remuneración de los altos directivos de la caja.
De la Torre, que gastó cerca de 304.000 euros con su 'visa black', cree que el contenido de estas pruebas ha sido "ignorado" por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que ha reabierto su caso junto al de otros once exdirectivos a instancias de la acusación popular, ejercida por Unión Progreso y Democracia (UPyD), en un auto caracterizado por un "confuso discurso", una "falta de contenido jurídico" y una "sucesión de reflexiones".
LAS 'TARJETAS BLACK' NO SE OCULTARON "A NADIE"
El imputado atribuye los "errores de comprensión" en los que han incurrido los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz Delgado a un examen "poco atento" de la instrucción. En concreto, expone que él no fue administrador de la entidad y que los plásticos no fueron ocultados a la Agencia Tributaria, a la auditoría interna de Caja Madrid, a la auditora externa, ni al Banco de España. "No se ocultó a nadie", apostilla.
"Si la Agencia Tributaria tuvo acceso a esta cuenta y revisó y avaló el 93% de sus cargos como gastos deducibles, ha de concluirse necesariamente que Hacienda tuvo que revisar y avaló expresamente estas remuneraciones a directivos, pues no había otros apuntes en la cuenta", señala De la Torre, que critica la falta de legitimidad de UPyD para pedir la reapertura.
En este sentido, pone de relieve que los pagos a estos empleados fueron acordados y avalados por los órganos competentes de la caja madrileña, con el respaldo de quienes tenían capacidad de ordenar y contabilizar la entrega de tales retribuciones. "Era el Presidente el que asignaba individualmente las remuneraciones de su personal más cercano, y así lo hacía, en parte, mediante la entrega de una tarjeta de crédito", agrega.
De este modo, De la Torre concluye que si los pagos fueron "realmente" acordados por quien podía hacerlo, no puede haber incurrido en un delito de apropiación indebida ni Caja Madrid puede "postularse como víctima de una conducta que llevó a cabo voluntariamente". "Los intentos de la Sala para esquivar este escollo son notables", critica.
Andreu imputó en enero a 79 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black', en la que se cargaron en gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.
El juez interrogó en febrero a 27 exmiembros del Consejo de Administración y en marzo a otros 37 exdirectivos. En la causa también están imputados los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.
