MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó hoy que la formación de Gobierno pendiente en Galicia podría retrasar el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica "unas semanas más".
"Seguimos trabajando. En estos momentos hay dos CCAA que está pendientes de la formación de gobierno, y una de ellas tiene mucho que decir sobre esto, lo cual puede hacer que se prorrogue unas semanas más", indicó.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega aprovechó para resaltar que, en cualquier caso, "no se ha dejado de trabajar" en este asunto "ni un día", por lo que las negociaciones están "muy avanzadas".
Fuentes socialistas consultadas por Europa Press, apuntaron que este acuerdo efectivamente podría sufrir un nuevo retraso por considerar oportuno esperar a que el nuevo presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, tome posesión de su cargo para retomar los contactos en esta materia.
El Ejecutivo estaba esperando a que concluyeran las elecciones gallegas para proseguir la negociación con las CCAA y cerrar el acuerdo, tal y como afirmaba a Europa Press a finales de febrero el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Sin embargo, el vuelco electoral en Galicia, con la victoria de los populares, supondrá un nuevo retraso en el proceso de negociación de la financiación autonomía.
LAS BASES DEL MODELO SE MANTENDRÁN
Las fuentes socialistas consultadas explicaron que las bases del modelo se mantendrán, pero sin embargo, admiten que es posible que en determinadas cuestiones el nuevo presidente gallego tenga una opinión diferente que Emilio Pérez Touriño y, por ello, han optado por esperar a que tome posesión y tenga tiempo de analizar la situación de la negociación en lo que afecta a su CCAA.
Lo cierto es que el futuro presidente de la Xunta, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, cree que es "sui generis" la propuesta de compensar a las comunidades autónomas con lengua propia porque supondría "beneficiar a las comunidades con más población", como Cataluña y Valencia y, por contra, apuesta por que se tenga en cuenta en el reparto de fondos que el 15 por ciento de la población gallega es emigrante.
Así, antes de que se celebrasen las elecciones autonómicas, cuando Núñez Feijóo aún era candidato, apostó por que la nueva financiación autonómica compute la población emigrante, además de la dispersión poblacional y el envejecimiento de los habitantes.
Según sus cuentas, la propuesta que había defendió Pérez Touriño de compensar a las comunidades con lengua propia es "una ocurrencia" que no supondría "más que 20 millones de euros", ya que la partida reservada a normalización lingüística en los Presupuestos de la Xunta asciende a esa cuantía.
En una reunión celebrada posteriormente entre los grupos parlamentarios gallegos y el consejero de Economía, José Ramón Fernández Antonio, el portavoz de Economía del PPdeG, José Antonio Orza, aplaudió que el Gobierno central acepte ponderar más los factores diferenciales de gasto en Galicia, la dispersión y el envejecimiento, en el futuro sistema de financiación autonómica, pero reclamó que éste se concretase en cifras.
El PP también subrayó que se darían por satisfechos "si Galicia no pierde posiciones relativas" respecto al modelo vigente, por lo que exigió que "se mantenga o aumente el peso del 7,49 por ciento" de la comunidad sobre el montante global, así como que "no se incremente la presión fiscal".
CALENDARIO
Aún no está claro cuánto se retrasará la negociación ya que la única fecha oficial fijada en el calendario político gallego es la del uno de abril, día en el cual se constituirá el Parlamento autonómico y arrancará la VIII Legislatura, como señala el decreto de disolución de la Cámara firmado el pasado 5 de enero por Emilio Pérez Touriño.
Ese día la nueva Cámara elegirá a un presidente y a una mesa que serán los encargados de poner en marcha la mecánica institucional que desembocará en la convocatoria del pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El plazo establecido por el reglamento del Parlamento concede un máximo de 30 días para la celebración de esta sesión.
Con este marco legislativo, el PP de Galicia quiere agilizar al máximo el traspaso de poderes amparándose sobre todo en la situación de crisis económica. Esto, según algunas fuentes, podría llevar a que la investidura se pudiera celebrar en los tres primeros días de la Semana Santa y la toma de posesión la semana del 13 de abril. Sin embargo, estas fechas no forman parte de ningún calendario cerrado, sino de las hipótesis de trabajo que están manejando en el PP gallego.
Aunque estos hechos pudieran retrasar más la consecución de un acuerdo, fuentes socialistas explicaron que la intención es que, una vez que Núñez Feijoo se ponga sobre el tema, se puedan agilizar lo máximo posible las negociaciones para cerrar ya esta cuestión. Sin embargo, estas mismas fuentes no se atrevían a fijar una fecha en la que pueda estar concluido el proceso.
En este sentido, añadían que, aunque la negociación está muy avanzada, los flecos siempre se cierran en el último momento. La cuestión es encontrar el momento político de oportunidad política para cerrar el acuerdo, tal y como afirmaba a final de febrero el secretario de Estado de Hacienda.
Sin embargo, esta misma semana, el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, aseguraba que el Gobierno intenta dar por cerrado el acuerdo de financiación sin contar con Cataluña y acusaba al Ejecutivo de tratar de "dar por cerrado un acuerdo sin contar con una de las partes que lo tiene que firmar".
