La fiscal mantiene su petición de 7 años de cárcel para el responsable de un bar usado como "sede social" de SEGI

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Monfort elevó hoy a definitiva su petición de siete años de cárcel para el responsable de un bar del casco viejo de Vitoria acusado de colaborar con la asociación juvenil ilegalizada SEGI, a través del "proselitismo" que se ejercía en su local, el reparto de propaganda y la recaudación de fondos para este colectivo, vinculado a la organización terrorista ETA.

Durante el juicio, celebrado hoy ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el acusado, Miguel Gómez García, insistió en explicar que cuando se efectuó el registro del establecimiento --el 16 de abril de 2009, tras la detención en Francia de Itxaso Legorburu-- él ya no era el encargado y ni siquiera trabajaba en el bar, que había dejado en manos de otras personas en enero de ese año.

No obstante, admitió que el cambio en la titularidad en el contrato de arrendamiento no se efectuó hasta después de conocer su imputación, el 30 de abril de ese año, momento en que pasó a estar a nombre de Néstor Silva, actualmente en prisión provisional acusado de integración en organización terrorista. Según dijo, desde enero Silva y otro camarero, Jon Liguerzana, eran los responsables del local.

De hecho, el abogado de la defensa reconoció en su informe final de conclusiones la "dificultad" de explicar que su cliente no participaba en la gestión del local cuando se incautó en él una importante cantidad de material que "supone un delito de colaboración con banda armada". El hecho de que el contrato estuviera a su nombre le sitúa, dijo, en "circunstancias complicadas".

ROPA PARA LA 'KALE BORROKA'

En el local, los agentes de la Guardia Civil encontraron diversos objetos de simbología de la organización terrorista SEGI para su venta, así como documentación de la asociación ilegalizada y de otros colectivos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Además, se halló abundante cartelería de presos de ETA y movimiento 'anti-TAV' y varias prendas de vestir habituales en las personas que participan en actos de 'kale borroka'. Según explicó el instructor del operativo, "el bar en sí mismo era la sede social de SEGI".

A preguntas de la fiscal, el acusado aseguró que en la temporada que estuvo al frente del bar, a partir de 2007, "nunca" vio los carteles que encontró la Guardia Civil y dijo que sólo había uno en la zona de la barra a favor de los presos de la banda terrorista ETA. También admitió haber visto "alguna pegatina con motivos sociales y culturales", pero negó conocer la existencia de mecheros con el anagrama de SEGI y pen-drives destinados a la venta.

Sobre el dinero que se halló en el local --más de 9.000 euros en efectivos-- aseguró no saber de dónde procedía, aunque sugirió que podría ser de la recaudación. Negó conocer el origen de los sobres con dinero y sólo admitió que, durante el tiempo que estuvo como responsable, dejó que se colocara alguna hucha para recaudar dinero para familiares de presos.

Gómez García explicó que cuando alquiló el local pretendía darle un "uso social" y, por ello, organizó "charlas de tipo cultural o de historia", pero negó cualquier actividad vinculada con SEGI. De hecho, a preguntas de su abogado, aseguró que nunca ha formado parte de la organización ilegalizada.

Las declaraciones del acusado fueron corroboradas por dos testigos de la defensa, su novia y Jon Liguerzana. Este testigo relató que comenzó a trabajar en octubre de 2008 y aseguró que Gómez García lo dejó "a primeros de año, en 2009", momento en que pasó a ser responsable Néstor Silva. Liguerzana dijo que el material que se encontró en el bar había sido guardado allí "pocos meses antes de que entrara la Guardia Civil".

LA FISCAL: "SABÍA QUE TODO ESTABA ALLI"

Sin embargo, la fiscal atribuyó las declaraciones del acusado en la vista oral a una "estrategia de defensa", ya que ante el juez de instrucción no dijo que no fuera el arrendatario del bar en el momento del registro. Además, recordó que existe un recibo del 27 de marzo de 2009 de compras efectuadas para el bar que fueron realizadas por Gómez García. En su opinión, el procesado sabía que en su local se realizaban actividades propagandísticas y se recaudaban fondos "para una organización ilícita y terrorista". "Sabía perfectamente que todo estaba allí, para qué servían las hucas y el dinero a quién iba", afirmó.

Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución del acusado al considerar que ha quedado "acreditado que no trabajaba" en el bar cuando tuvo lugar el registro y no se le puede atribuir la responsabilidad del material incautado "que conforma un delito de colaboración con organización terrorista". En todo caso, solicitó que si se le atribuye finalmente este delito, se le imponga la pena mínima establecida, cinco años de cárcel,*y no los siete que pide la fiscal