MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Pedro Martínez elevó hoy a definitiva la petición de 12 años de cárcel para Iker Araguas Jusue, Xabier Xagadoy Lana, Luis Goñi Lara, Iñaki Marín Mercero y Aritz Azcona Domínguez por los delitos terroristas de tenencia y empleo de aparatos incendiarios, atentado a un miembro de la Policía de una comunidad autónoma y desórdenes públicos. Además, a Goñi le imputa alternativamente un delito de conspiración.
Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2008 cuando presuntamente pretendían boicotear la jornada electoral, se encontraron con una patrulla de la Policía Foral de Navarra y la atacaron con artefactos explosivos en el casco viejo de Pamplona. En marzo de 2009 ya fue condenado por esos actos Odei Ijurco, detenido esa misma noche.
Por su parte, la defensa de Araguas y Marín modificó su petición previa de libre absolución por solicitar ahora dos años de prisión para cada uno, tras reconocer los acusados que portaron los artefactos incendiaros, aunque niegan haberlos arrojado sobre los agentes. Para Goñi, Azcona y Xagadoy pidieron la absolución, aunque reconocen que podría considerarse un posible delito de tentativa de daños para el último de ellos.
El representante del Ministerio Público se basó en que Araguas y Marín reconocieron que pretendían atacar un cajero automático, pero que, tras encontrarse con la Policía, huyeron, a lo que la acusación alega que "aunque la finalidad fuera un cajero, podría provocar un incendio que pusiese en peligro la integridad física de los moradores del inmueble".
UN GUANTE CON SU ADN
El relación con Xagardoy, el fiscal aludió a que en su declaración policial explicó el "encontronazo" con la patrulla policial "arrojándoles los cócteles". Sobre Goñi el Ministerio Público alegó que reconoció "contacto previo" con el ya condenado Ijurco y, además, durante su primera declaración ante la Policía aludió a que su intención era "atacar la sede del PSOE de Navarra, aunque desistieron por ver un coche delante". Además le imputa subsidiariamente un delito de conspiración porque Araguas y Marín dijeron que fue Goñi el que repartió los explosivos con Ijurco, aunque después se desdijeron.
Finalmente, Azcona es el único de los cinco que nunca llegó a reconocer su presencia en el lugar de los hechos, aunque el representante del Ministerio Público alude a la declaración inicial de Araguas y Marín, así como a un guante de látex con su ADN encontrado durante la inspección ocular en el escenario de los hechos.
Los abogados defensores difirieron de las conclusiones de la Fiscalía. Íñigo Iruín, que defendió a Araguas y Marín, criticó que el fiscal "pretenda identificar" la condena de Ijurco, que, según la sentencia del Supremo, "lideraba el grupo, facilitaba a los demás los materiales y los medios, los incitaba y ejecutó los actos de forma directa, incluidas las agresiones a dos policías" con la situación de sus defendidos. Considera que son casos "sustancialmente diferentes" y que el representante del Ministerio Público, "incluso pide penas superiores", ya que la condena a Ijuco es de 6 años de prisión.
A su juicio, el relato de sus defendidos "no ha sido desarticulado" durante la vista oral por "ninguna prueba de cargo ni testimonio", por lo que no podría negarse que Marín y Araguas portaron los explosivos pero no los arrojaron hacia los agentes, como sostienen desde un primer momento.
Por otro lado, la abogada defensora de Goñi y Xagadoy considera que, contra el primero, no hay "prueba suficiente" capaz de dañar su presunción de inocencia, mientras que para el segundo, en todo caso, podría aludirse a un delito de tentativa de daños por "conocer" que el resto del grupo atacaría un cajero automático, aunque él "desde el principio declaró que su labor era de vigilancia".
Más polémica es la imputación de Azcona, pues su defensa aludió a que, de los dos guantes recogidos en lugar de los hechos que figuran el al acta de la inspección ocular de la Policía Foral de Navarra, pasan a figuran siete en el informe de la Policía Nacional sin explicación de quién los recoge ni dónde, "por arte de magia", alega la letrada. Añadió que, con "la recogida absolutamente irregular de los guantes", se produce una "vulneración" al derecho de su defendido de tener un juicio "con todas las garantías".