La Fiscalía pide traer a España a una fiscal antiterrorista afgana que huyó a Pakistán cuando llegaron los talibán

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el traslado a España de una fiscal antiterrorista afgana, que huyó del país cuando tomaron el poder los talibán, con el objetivo de que pueda obtener asilo.

En su informe, recogido por Europa Press, se pide esta medida cautelar porque la fiscal antiterrorista en ejercicio de sus funciones participó directamente en casos relevantes, entre otros, en la investigación y acusación de un líder de Estado Islámico en Afganistán.

Apunta además que su marido, abogado de profesión, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul --capital de Afganistán--, dejándola viuda con un niño de pocos meses, y recuerda que cuando los talibán asumieron el poder en el país liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los terroristas que ella había acusado.

La Fiscalía indica que su vida corre "grave peligro", que tuvo que huir a Pakistán con su hijo y su hermana menor --ya enviada a Afanistán y que está en paradero desconocido--, y que está pendiente de ser deportada.

LA PETICIÓN DE LA FISCAL

El informe de la Fiscalía recuerda que esta fiscal afgana recurrió la desestimación por silencio administrativo de su solicitud de protección internacional, e interesó como medida cautelarísima que se acordara su traslado --y el de su hijo-- a España "para hacer posible la presentación de la solicitud de protección internacional, habida cuenta la situación de grave riesgo para su vida e integridad".

En marzo de 2023 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó esa medida urgente y dejó el asunto en punto muerto dado que acordó un mes después que la competencia recaía en la Audiencia Nacional.

EL TEMOR ESTÁ "JUSTIFICADO"

Tras esto, en noviembre de 2023 la Fiscalía de la Audiencia Nacional ofició a la Comisaría General de Información requiriendo informe sobre la veracidad de los datos aportados en cuanto a la identidad y profesión de la abogada, constancia de algún tipo de relación con actividades ilegales, así como de haber realizado algún tipo de gestión sobre protección internacional en la Embajada de España en Pakistán --algo que intentó en 2022 sin éxito--.

La Policía en ese mismo mes reportó a la Fiscalía que los datos eran veraces, que no había vínculos con el terrorismo o con la delincuencia y que los temores de la fiscal afgana eran "verosímiles y justificados" por su doble condición de mujer y fiscal.

Tras esto, en su informe, la Fiscalía indica que la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, dispone que compete al Ministro del Interior dictar la correspondiente resolución, por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo.

Y advierte que es competencia es irrenunciable y debe ejercerse por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. "Por lo tanto, se está interesando como medida cautelar un acto preparatorio y necesario (traslado a España para hacer posible la presentación de la solicitud), para obtener una resolución sobre derecho de asilo, que compete al Ministro del Interior, sin que quepa compartimentar el procedimiento para el reconocimiento de la protección internacional", subraya.

Añade que de no llevar a cabo este traslado a España el recurso interpuesto ante la justicia española "puede perder su finalidad legítima (...) habida cuenta el grave riesgo de ser deportada de Pakistán a Afganistán con serio peligro para su vida".