MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, ha solicitado durante su intervención en la primera jornada del juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo la expulsión de su representada del procedimiento porque únicamente se le imputan actuaciones que estaban protegidas por la inviolavilidad parlamentaria.
Durante su turno de defensa de las denominadas cuestiones previas
-dirigidas a exponer vulneración de derechos fundamentales de los encausados durante la instrucción-, la letrada ha recordado que la inviolavilidad parlamentaria se consagra en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para proteger la libertad de expresión y el derecho a la participación política de los integrantes de la Cámara.
En este contexto, Arderiu ha destacado que todos los hechos que se imputan a la expresidenta del Parlament, -permitir la tramitación y aprobación de las denomnadas leyes de desconexión y de la convocatoria del referéndum del 1-O- se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y deben estar protegidos por esta inviolavilidad.
MARCHENA LE PIDE BREVEDAD
"Los debates y votos en la Mesa deben gozar también de esa protección, se nos imputan funciones de naturaleza totalmente parlamentaria", ha insistido la abogada, cuya extensión en el discurso ha merecido la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que le ha reclamado mayor brevedad para evitar un trato diferente del resto de los abogados.
Parte del discurso de esta letrada ha estado dirigido a criticar la labor del Tribunal Constitucional con respecto al asunto catalán, al considerar Arderiu que el órgano de garantías "ha estado intentando que la Mesa del Parlamento censurara el debate parlamentario".
Igualmente ha señalado que el hecho de que el resto de exparlamentarios acusados únicamente por desobediencia hayan sido remitidos para su enjuiciamiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) permite concluir que a Forcadell la Fiscalía le pide una pena de 17 años de cárcel por rebelión "sólo por ser quien es", lo que constituye un trato claramente discriminatorio.
AMISTAD DE FISCALES Y MAGISTRADOS
También ha aludido Arderiu a la relación de amistad "estrecha" de los dos fiscales generales del Estado que han participado en esta causa -el fallecido José Manuel Maza y el actual miembros de la Sala de lo Penal Julián Sánchez Melgar- con los magistrados que integran este tribunal.
La defensora de Forcadell ha anunciado también la presentación, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), de una cuestión prejudicial para aclarar si se están vulnerando directivas comunnitarias por la no incorporación en este procedimiento del sumario íntegro sobre la organización del 1-O, que se instruye aún el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
La razón es que en la causa que ha comenzado a juzgarse este martes en el Tribunal Supremo constan sólo algunas de las resoluciones dictadas por el juez de Barcelona, precisamente las que según esta parte constituyen prueba de cargo contra Forcadell. La abogada defiende que su falta de conocimiento sobre la totalidad de la causa le crea indefensión.
La abogada también ha aludido a la supresión en 2004, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del delito de convocatoria de referéndum, así como a la reforma de 1995 que introdujo el elemento de la violencia como necesario para valorar unos hechos como rebelión. Todo ello, a su juicio, impiden acusar a Forcadell del delito por el que se pide para ella una pena de prisión tan alta.
