Solicita su absolución porque su actuación en el Parlament se adecuó al Reglamento y niega que hubiera violencia el 20-S
MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, también quiere que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos de la justicia, sean interrogados como testigos por videoconferencia en el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña, según refleja en el escrito de defensa en el que solicita su absolución.
En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, pide que testifiquen un total de 13 personas en su defensa, entre ellos cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament que fueron procesados junto con el resto de acusados de rebelión pero que finalmente serán juzgados por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Lluis Guinó, a los que se suma la expresidenta de este órgano Nuria Gispert.
Forcadell, al igual que otros procesados, pide que el juicio se celebre en Barcelona y que pueda seguirlo en situación de libertad provisional. También reclama que el tribunal adopte las medidas para que pueda sentarse junto a su abogada defensora y que se aplique un horario de traslados al centro penitenciario, en el caso de ser excarcelada, que le permita descansar.
También en consonancia con las peticiones de otros procesados, Forcadell solicita que se habilite espacio en la misma sala de vistas -no en los espacios anexos donde los periodistas y otro público seguirá el juicio por pantallas de televisión- de un total de 10 plazas para cinco de sus familiares y otros cinco 'observadores internacionales' que podrán así darle "apoyo emocional en momentos tan difíciles".
COMPARACIÓN CON LA PAH
A lo largo de su escrito de defensa, que se extiende 112 páginas, Forcadell niega que su conducta al frente del Parlament pueda calificarse de delictiva y rechaza también que pueda hablarse de la existencia de "tumulto" el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía que impidiera el cumplimiento de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción de Barcelona número 13, que investigaba la organización del referéndum del 1-O.
Su defensa incide en el escrito en que se trató de una congregación espontánea de miles de ciudadanos que ejercían su derecho de manifestación.
En este punto la defensa de Forcadell señala que lo ocurrido en dicha jornada no puede calificarse de rebelión ni sedición al igual que no se hace en el caso de las acciones contra los desahucios de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH). Tampoco cree que pueda compararse lo ocurrido en Barcelona con el alzamiento de Tejero en el 23-F en el que se utilizaron "armas de fuego, tropas militales, tanques artillados" y se retuvo a diputados "con el fin de establecer una dictadura militar de clara inspiración franquista".
También insiste su defensa, que ejerce la letrada Olga Arderiu, en que Forcadell - para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de rebelion- es una persona "absolutamente pacifista" y que si para perseguir su ideología fuera precisa la violencia "antes abandonaría sus ideas que permitir ningún acto violento".
A juicio de Arderiu en el caso de Forcadell las acusaciones no son más que producto de "una tergivesación de los hechos, por lo que rechaza que se le acuse de rebelión cuando el resto de miembros de la Mesa del Parlament van a ser juzgados sólo de desobediencia por la tramitación de las denominadas 'leyes de desconexión' en el Parlament.
Insiste en que su actuación se acomodó a lo dispuesto en el Reglamento del Parlament, sin que además tuviera voto decisorio en ningúna de las votaciones del Pleno o de la Mesa para la admisión a trámite de las propuestas, que fueron estimadas como congruentes en todo momento.
Las resoluciones aportadas son, según esta parte, "el reflejo de un debate de los diputados y diputadas realizado con libertad de expresión y en ejercicio de la representación de la ciudadanía y, en consecuencia, la Mesa del Parlament carecía de facultades para limitar dicho debate en sede parlamentaria. Añade que Forcadell no participó en la toma de decisión de convocar un referéndum ni es su promoción ni preparación.
NEGACIÓN DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO
En todo caso, esta parte asegura que "resulta meridianamente claro que el Gobierno Estatal, a l vez que negaba cualquier diálogo con las instituciones democráticas de Cataluña, optaría en adelante por hacer uso de las funciones que le había otorgado al Tribunal Constitucional para sustituir la negociación política propia de cualquier Estado democrático por la judicialización y posterior represión de las iniciativas políticas que pudieran adoptar los representantes legítimos y democráticos de la ciudadanía de Cataluña en el Parlament o Govern de la Generalitat.
Reconoce no obstante que "con anterioridad a que se judicializara y criminalizara el movimiento soberanista en Cataluña, los incumplimientos de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional eran públicos y notorios sin que en ningún caso la reiterada negación a lo dispuesto por dicho tribunal acarreará responsabilidad alguna".
CUESTIONES PREVIAS
Por otro lado, el escrito de defensa adjunta otro, de 130 páginas, en el que anuncian las cuestiones de nulidad, conocidas como cuestiones previas, que presentarán ante el tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al inicio del juicio, que aún no tiene fecha.
Entre ellas, Arderiu afirma que se ha vulnerado el principio de legalidad penal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías al considerar que los magistrados del alto tribunal hasta ahora han hecho "interpretaciones novedosas y absolutamente imprevisibles" de la causa.
Asimismo, la defensa de Forcadell denuncia que también se han vulnerado la libertad ideológica, de reunión y de representación política en relación a la inviolabilidad parlamentaria porque el objetivo de este procedimiento es la "crimininalización del ejercicio" de estos "derechos fundamentales".
Por último, este escrito relacionado con las cuestiones previas señala que la causa por el 'procés' independentista impide que haya un proceso con todas las garantías y afecta a la posibilidad de utilizar los medios de prueba pertinentes y a la igualdad de armas cuando se ha "fragmentado" la causa en dos partes -en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona--".
